El
centro tendrá las funciones de apoyar y promover la investigación clínica y
científica del suicidio; desarrollar servicios para atender las necesidades de
las personas en crisis y sus familias; y diseñar estrategias de educación
comunitaria; formular proyectos y desarrollar políticas, planes y acciones
relacionadas, entre otras.
La ley aprobada fue iniciada por sendos proyectos de los diputados
Oscar Alarcón, Silvana Giménez y Juan Pablo Ramírez; y de los ex legisladores
Lidia Batista y Noelia Leyría.
“Atento que los suicidas dan avisos antes de actuar, deben tomarse
en serio todas las amenazas de autolesión. La persona que amenace o intente
suicidarse debe ser evaluada con rapidez por un profesional de salud mental,
por ello la línea 911 cuenta con un equipo de psicólogos idóneos y altamente
capacitados”, explicó Giménez.
Teniendo en cuenta tales características, y que la Organización
Mundial de la Salud considera que los suicidios se pueden prevenir, Alarcón
sostuvo que “para que las respuestas nacionales sean eficaces, se necesita una
estrategia integral multisectorial de prevención”. Y explicó que el propósito
de la ley es “la defensa absoluta del Derecho a la Salud para todos, a través
de un sistema que está basado en criterios de equidad, solidaridad, eficacia,
accesibilidad y calidad”.
Por su parte, Ramírez informó que, en Argentina, “el
suicidio constituye la tercera causa de muerte en la población en general,
desde la infancia hasta la ancianidad” y precisó que en Misiones “se registran
tanto casos concretos como tentativas de suicidio, por lo que debería
constituir esta problemática social, objeto de un abordaje íntegro”.