La Oficina de Presupuesto del Congreso, a pedido del oficialismo, difundió un informe en el que evaluó el impacto fiscal del proyecto que dispone en su artículo 4° “un incremento de emergencia, como mínimo, del cincuenta por ciento (50%) de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.

La dependencia que dirige Marcos Makón planteó dos escenarios posibles: si el incremento se calcula sobre los créditos vigentes al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $10.489 millones. Si el incremento se calcula sobre los saldos de crédito no ejecutados al 31 de agosto de los programas identificados el costo ascendería a $4.061 millones.

Actualmente, las políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición se implementan a través de diversos programas dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Al 31 de agosto, el programa de Políticas Alimentarias presenta una ejecución de $10.193 millones, lo que implica un 56,0% respecto al crédito vigente; mientras que el Plan Nacional de Protección Social, que cuenta con un presupuesto vigente de $372 millones, alcanzó un 71,8 % de ejecución.

“En consecuencia, considerando los refuerzos presupuestarios otorgados a lo largo del año, las iniciativas vinculadas con política alimentaria nacional en conjunto suman un presupuesto vigente de $20.977 millones al 31 de agosto”, informaron desde la Oficina de presupuesto.

ÁMBITO.