INFORMACION GENERAL | Nacionales | 23/10/2019
El Gobierno apeló el freno judicial al pago del bono clandestino que implementó en todo el país a través de punteros de Juntos por el Cambio

En tanto, entre el lunes y martes se vieron largas colas de personas frente a la sede central del Ministerio de Producción y Trabajo, en la Capital Federal, y en delegaciones de Anses de varias provincias para reclamar los bonos de $5.000 que deberían tener como destino a desempleados sin ingresos y que fueron paralizados por orden de la jueza federal con competencia electoral María Servini.

La “bonificación especial 2019”, que instrumentó la cartera que encabeza Dante Sica en secreto y que fue expuesta por este diario junto con el mecanismo de reparto de bonos a través de punteros, había empezado a liquidarse entre el jueves y viernes pasado pero a última hora la cautelar de la magistrada, en respuesta a una denuncia presentada por los apoderados del Frente de Todos, la dejó en suspenso al menos hasta después de las elecciones. Servini atendió el criterio del abogado del PJ Jorge Landau y del dictamen del fiscal Jorge Di Lello de presumir que la vigencia del pago podría enturbiar el último tramo de la campaña electoral.

Cerca del ministro ayer confirmaron que la cautelar aplicada por la jueza fue apelada por la dirección de jurídicos de esa cartera de Gobierno. También dijeron que ante la resolución se les comunicó a los bancos públicos que suspendieran las liquidaciones. Y de paso, admitieron que hubo entre el lunes y ayer aglomeraciones en la sede central de Producción y Trabajo, en Alem 650, de personas que protestaron por el parate en los pagos. Lo llamativo de esa movilización es que en teoría Producción y Trabajo no tenía potestad para pagar el bono sino que era apenas el organismo público encargado de direccionarlo.

La postal se repitió en varias provincias. En la capital tucumana, desde la noche del domingo cientos de personas acamparon frente a la sede local de la Anses, en 25 de Mayo al 300, con el propósito de cobrar el beneficio. Apenas abrió la oficina el lunes sus autoridades debieron explicar que el pago del bono se encontraba suspendido por orden judicial. En la Anses de Salta sucedió algo similar con largas colas de beneficiarios que volvieron a sus casas con las manos vacías.

En la misma línea, en San Juan hubo quejas de parte de las autoridades locales por el mecanismo poco transparente de puesta en marcha del plan de subsidios. “En principio hubo algunas dudas sobre este bono porque llamaba la atención de que brindaban la información del pago del bono del 18 al 22 de octubre, pero cuando ibas al ANSES te decían que tendrías que haberte inscripto en 24 de septiembre, algo que nunca informaron”, sostuvo a los medios locales Raúl Romero, director de Asesoramiento Previsional.

La controversia se basa en la resolución 1177 de la Secretaría de Empleo, firmada el 3 de octubre por el jefe del área, Fernando Prémoli, subalterno de Sica. Esa normativa, expuesta por Ámbito Financiero, tuvo un trámite previo y posterior por completo interno sin haber sido publicada en el Boletín Oficial ni comunicada a intendentes que no fuesen de Cambiemos y sólo fue asumida por el Gobierno como propia el viernes pasado, cuando la Justicia ya había abierto una investigación por presunta infracción del artículo 139 inciso “b” del Código Electoral.

Lo llamativo es que cuando Producción y Trabajo y la Anses comunicaron el viernes a los medios que se ponía en vigencia la “Bonificación Especial 2019” y quedaba abierta la inscripción, los beneficiarios ya habían sido asignados junto con el presupuesto para cada distrito.

Para entonces la cartera a cargo de Sica ya había relevado a 105 mil posibles subsidiados de los cuales Anses rechazó a 25 mil por incompatibilidades (percepción de otros beneficios) por lo que en los últimos dos días de la semana pasada comenzaron a pagarse poco más de 80 mil bonos.