En particular, Fernández se quejó de los “altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos” y prometió analizar dichas designaciones.
En este sentido, un trabajo de Cippec advierte sobre la expansión de la estructura de la Administración Pública Nacional durante el gobierno de Cambiemos al tiempo que señala la inestabilidad en los cargos y la alta proporción de mandos nombrados de manera “transitoria”.
Así surge de un estudio elaborado por los economistas, José Gasparin, Jimena Rubio, Gonzalo Dieguez y Lucía Aruanno en el que se consigna que:
El estudio también advierte sobre la precariedad en materia laboral en el Estado ya que “solo el 24% de los funcionarios políticos (secretarios y subsecretarios) y el 17% de los funcionarios técnicos (directores nacionales y generales) se mantuvieron en sus rangos durante los cuatro años de gestión”.
Esta situación provoca -se señala- la imposibilidad de fijar políticas públicas de mediano plazo afectando de manera particular áreas clave como Educación o Salud.
“La baja permanencia de los funcionarios técnicos muestra que faltaron políticas de profesionalización, como procesos meritocráticos de selección y de trayectoria profesional con cierta independencia de los vaivenes políticos”, sostiene Gonzalo Diéguez, director de Gestión Pública de Cippec y coautor del documento.
“El país necesita una estructura estatal relativamente estable y coordinada que sea reflejo de una visión estratégica de largo plazo sobre las prioridades de políticas públicas necesarias para un desarrollo sostenible y un espacio directivo profesional con cierta autonomía de la discrecionalidad política”, enfatiza el director de Gestión Pública de Cippec.
“La buena noticia es que el sector público nacional cuenta con más y mejor información para una transición ordenada de la administración gubernamental”, asevera Diéguez.
El gasto público de la administración pública nacional se contrajo: pasó de ser el 24% del PBI en 2015 a representar el 21% del PBI en 2019. Sin embargo, la estructura organizacional de la Administración Pública Nacional central creció levemente, un 3%, entre 2015 y 2019.
Mientras los ingresos de la Administración Pública Nacional disminuyeron a un ritmo promedio del 5% en términos reales, los gastos lo hicieron al 2%, deteriorando así el resultado fiscal para el período 2015-2018.
Una gran proporción del gasto público es las erogaciones principalmente jubilaciones y pensiones que representan el 60%.
En tanto los servicios de la deuda pública representan el 22%, y el 18% restante está compuesto por las transferencias corrientes a universidades y los salarios. Esta situación provoca una alta proporción de rigidez en el gasto público.
Por lo tanto, cualquier ajuste del gasto va a demandar un trabajo muy “preciso de administración y gerenciamiento de las obligaciones contraídas por el Estado nacional”, señala el trabajo de Cippec.
Sin embargo, también “será necesario generar un marco de recuperación de la actividad económica para relajar restricciones y reordenar las cuentas estatales, explica José Gasparin, investigador de Gestión Pública de Cippec.
El resultado fiscal pasó de -3,7% en 2015 al -5,6% en 2018 y rondaría el -4% del PBI en 2019, y expone “la dificultad de reordenar las cuentas públicas” afirman los economistas.
Esto se explica, en parte, por el deterioro de los ingresos al arca del Estado, por la reducción de impuestos, la devolución a las provincias de los fondos que financiaban Anses, así como también por los bajos niveles de actividad económica.
Los cambios fiscales implicaron un cambio en los gastos públicos, por ejemplo, los subsidios disminuyeron pasando a representar del 21% al 10% del gasto total. La contracara es que el peso de los servicios de la deuda aumento del 8% al 18% del total de erogaciones entre 2015 y 2019.
FUENTE: ÁMBITO.
