La Cámara de Representantes de Misiones aprobó este jueves el Presupuesto General 2027, tras una extensa sesión marcada por fuertes cuestionamientos de distintos sectores de la oposición. La iniciativa obtuvo 34 votos a favor y seis en contra, con el acompañamiento de legisladores que, pese a respaldar la herramienta financiera del Gobierno provincial, advirtieron sobre deficiencias en la distribución de recursos, el endeudamiento, los salarios estatales y las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo.
El cálculo aprobado contempla erogaciones por $5.534.162 millones, con el 63,25% de los recursos destinados a educación, salud y políticas sociales. Sin embargo, el debate estuvo atravesado por las diferencias respecto de las prioridades presupuestarias y los mecanismos de control. Con un bloque de 19 diputados vinculados al gobernador Hugo Passalacqua, el oficialismo necesitó sumar voluntades de otras bancadas para alcanzar la mayoría que permitió sancionar la ley.
Durante el tratamiento, representantes del Partido Agrario y Social (PAyS), la Unión Cívica Radical y Encuentro Misionero reconocieron que el proyecto incorporó modificaciones propuestas por la oposición, aunque remarcaron que persisten problemas estructurales. Entre los cambios introducidos en comisión se encuentran mayores controles sobre la deuda, límites a determinadas reasignaciones presupuestarias, refuerzos de partidas para municipios, IPRODHA, Vialidad, educación y jubilaciones, además de la eliminación de la proyectada Tasa de Control y Gestión de los Recursos Hídricos.
Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde el PAyS. Cristian Castro y Héctor “Cacho” Bárbaro advirtieron sobre la situación salarial de los trabajadores estatales, el endeudamiento y los recursos destinados al sector productivo, particularmente en medio de la crisis yerbatera. Aunque ambos acompañaron la iniciativa, insistieron en que las partidas previstas para el agro resultan insuficientes frente a las dificultades que atraviesan los pequeños productores. Castro sintetizó su postura al señalar que “la Cámara no es una escribanía del Gobierno, pero tampoco puede ser una máquina de impedir”, y aclaró que el respaldo otorgado “no es un cheque en blanco”.
Desde el radicalismo también hubo acompañamiento con observaciones. Santiago Koch reconoció que, a diferencia de tratamientos anteriores, esta vez se incorporaron planteos opositores vinculados con la deuda, los fideicomisos y las facultades para modificar partidas. No obstante, la UCR rechazó artículos particulares y reclamó mayores límites a las atribuciones del Ejecutivo. Martín Arjol, por su parte, pidió información más precisa sobre la ejecución presupuestaria, una revisión de la coparticipación municipal, avances para superar la prolongada emergencia económica y una discusión sobre las condiciones de la concesión de SAMSA. “Gobernabilidad sí, pero cheque en blanco no”, expresó Koch.
Encuentro Misionero también votó favorablemente, aunque planteó reparos sobre la transparencia, el endeudamiento y la división de poderes. La diputada Paula Franco reconoció que algunas observaciones fueron incorporadas durante el trabajo legislativo, pero advirtió sobre reducciones en determinadas áreas y la necesidad de fortalecer los controles. En la misma línea, Nelly Guerrero y Walter Ríos acompañaron el proyecto al considerar necesario garantizar el funcionamiento de la administración provincial, sin desconocer las dificultades económicas que afectan a trabajadores, comerciantes y productores.
Los seis votos negativos correspondieron a los cuatro representantes de La Libertad Avanza, Ramón Amarilla, del bloque Algo Nuevo, y Analía Levandowska, del PRO. El libertario Adrián Núñez cuestionó que el presupuesto proyecte gastos superiores a los recursos genuinos, además del endeudamiento y la superposición de estructuras estatales. Levandowska, en tanto, reconoció una mayor apertura al debate, pero consideró insuficientes los cambios introducidos. Entre sus objeciones mencionó las autorizaciones vinculadas con SAMSA, la continuidad de la emergencia económica y determinadas atribuciones tributarias que, según sostuvo, deberían tratarse mediante leyes específicas.
Desde el oficialismo, José Luis Pastori defendió el proyecto y argumentó que la Provincia debe afrontar con recursos propios obligaciones que anteriormente contaban con financiamiento nacional. En ese sentido, mencionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, los cambios en el programa Remediar, la reducción de aportes al transporte, los recursos previsionales y la paralización de obras nacionales. El legislador también remarcó que el texto original fue modificado durante su paso por comisión, en respuesta a planteos de distintas bancadas.
La aprobación dejó expuesto un nuevo escenario legislativo en Misiones: el oficialismo consiguió sancionar su principal herramienta de gestión con apoyo opositor, pero sin disipar los cuestionamientos sobre su contenido. La sesión maratónica concluyó con una mayoría de 34 votos que permitió avanzar con el Presupuesto 2027, mientras quedaron pendientes discusiones sobre salarios, producción, coparticipación, deuda pública y controles institucionales. Para los bloques que acompañaron con reservas, el próximo desafío estará en fiscalizar la ejecución de los recursos y determinar si las modificaciones incorporadas durante el debate se traducen en cambios concretos en la administración provincial.