Eduardo Cazenave, vinculado a la formación política de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones, dejó sus cargos docentes luego de que se conociera su situación laboral en establecimientos educativos de gestión privada. Días antes había cuestionado públicamente el financiamiento estatal de esas instituciones durante una entrevista radial.
Eduardo Cazenave, uno de los referentes de la formación política de La Libertad Avanza (LLA) en Misiones y colaborador en la elaboración de propuestas educativas para el espacio, presentó su renuncia a los cargos que ocupaba en dos instituciones de gestión privada. La decisión se produjo después de que quedara expuesta la contradicción entre sus cuestionamientos al financiamiento público de las escuelas privadas y su propia situación laboral dentro de ese sistema.
La dimisión fue formalizada mediante una nota fechada el 26 de octubre de 2026, dirigida a la hermana Anastasia Laszkarov, representante legal del Instituto Superior Cristo Rey y del Instituto Superior San Basilio Magno. En el documento, el dirigente comunicó que dejaba sus funciones con efecto inmediato.
La presentación comprende un cargo de regente suplente del nivel superior en Cristo Rey, además de 16 horas docentes de nivel medio y cinco horas cátedra de nivel superior en San Basilio Magno. Se trata de las funciones que figuraban a su nombre en los registros administrativos correspondientes a septiembre de este año.
El caso adquirió repercusión por el contraste entre las declaraciones públicas de Cazenave y su vinculación laboral con establecimientos privados que reciben aportes estatales. Durante una entrevista en Radio Up, el dirigente libertario había cuestionado que recursos de los contribuyentes se destinaran al sostenimiento de ese tipo de instituciones.
“¿Por qué voy a sustentar yo con los aportes de los ciudadanos una escuela privada? Si la quieren abrir, que la abran”, había planteado al referirse a establecimientos ubicados cerca de escuelas públicas.
Sin embargo, posteriormente se conoció que el propio Cazenave desempeñaba funciones remuneradas dentro del esquema educativo que cuestionaba. Los datos surgieron de registros utilizados para el procesamiento del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid), donde figuraban sus cargos y horas asignadas.
La contradicción
La controversia no quedó limitada a la situación laboral del dirigente. Su participación en la formación de cuadros políticos y en la elaboración de propuestas educativas de La Libertad Avanza en Misiones le dio al episodio una dimensión partidaria.
Cazenave había cuestionado especialmente que las instituciones privadas recibieran aportes del Estado mientras cobraban aranceles a las familias. Posteriormente, matizó su postura al señalar que no proponía eliminar completamente ese financiamiento, sino revisar su distribución, transparentar los recursos y evaluar los resultados.
Esa aclaración introdujo una diferencia entre su crítica inicial y su posición posterior. No obstante, la revelación de sus cargos volvió a poner bajo discusión la coherencia entre el discurso político y la actividad profesional de uno de los colaboradores del espacio libertario.
El episodio también abrió interrogantes sobre las propuestas que La Libertad Avanza pretende impulsar en materia educativa en Misiones, particularmente respecto del papel del Estado en el sostenimiento de establecimientos de gestión privada.
La discusión adquiere relevancia en un escenario donde el sector educativo atraviesa reclamos salariales, dificultades presupuestarias y debates sobre la distribución de los recursos públicos.
La renuncia llegó después de la controversia
La nota presentada por Cazenave no expone los motivos de su decisión ni establece una relación directa con la difusión de su situación laboral. Sin embargo, la renuncia se produjo después de que se conocieran los datos sobre sus funciones docentes y su postura frente a los subsidios.
Aunque la secuencia temporal resulta significativa, no puede afirmarse que la controversia haya sido la causa de su salida sin una explicación del propio dirigente.
La información disponible tampoco permite establecer que existieran irregularidades en el desempeño de sus cargos o en la percepción de sus remuneraciones. El cuestionamiento central se concentra en la diferencia entre su discurso público sobre el financiamiento educativo y su participación laboral en instituciones alcanzadas por ese sistema.
