El conflicto está atado de manera directa a las febriles discusiones entre el Gobierno nacional y las provincias en torno a la letra chica del Presupuesto nacional 2023 y, puntualmente, al reparto de subsidios al sector, que hoy beneficia ampliamente al AMBA (entre enero y julio el área metropolitana de Buenos Aires se quedó con 75,8% de la torta, según datos de la consultora Politikon Chaco sobre cifras oficiales).

Los gobernadores del Norte Grande vienen de arrancarle días atrás en Santiago del Estero al ministro de Economía, Sergio Massa, un engrosamiento del monto de recursos para el año que viene en este rubro, que de esta manera se elevó de los originales $66.000 millones a un “piso” de $85.000 millones en el proyecto de presupuesto que el oficialismo nacional busca aprobar en la extensa sesión de mañana en la Cámara de Diputados.

Pero resta para los mandatarios la confirmación de un nuevo guiño nacional, con foco en este caso en lo que queda de 2022, para cosechar además unos $13.500 millones adicionales -que las provincias esperan vía decreto- y permitir así que las empresas hagan frente al pago a los choferes del interior de los aumentos salariales acordados.

“Los 85 mil millones de pesos no es lo que queríamos, pero obviamente mejora los 66 mil millones de pesos originales”, aseguraron desde un despacho provincial.

Pero además hicieron foco en la discusión sobre los recusos de este año. “Pedimos $59.500 para 2022, que es un proyecto que tiene despacho favorable de la Comisión de Transporte de Diputados; y si no es eso, se está hablando de un decreto que habilite alguna cifra cercana”, afirmaron. Hoy por hoy el nivel de transferencias comprometida para este año es del orden de los $46 mil millones.

Según la información que barajaban en varios distritos, el Gobierno nacional -vía el diputado nacional Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto- ya se habría comprometido a incrementar los envíos este año en unos $13.500 millones, pero no había aún confirmaciones oficiales. “No tengo certezas”, dijo un secretario de Transporte provincial a este diario, además de remarcar su optimismo en pos de una inminente resolución del conflicto porque “un paro no le conviene a nadie”.

La UTA viene de aplicar un paro de 48 horas de choferes del interior que se hizo sentir con fuerza el 12 y 13 de octubre pasado, salvo en un puñado de provincias donde se arribó a entendimientos locales.

Las negociaciones luego tampoco permitieron arribar a un acuerdo, y hoy todas las miradas estarán dirigidas a la sede laboral porteña de Callao, en el ministerio que conduce Raquel “Kelly” Olmos. “Esta vez el principal problema radica en los aportes provinciales”, disparan desde filas nacionales.

En las últimas horas, Fernández se mostró optimista. “Creo que se puede llegar a un entendimiento y el lunes (por hoy) manifestar que se solucionó el tema del transporte para el interior; en ese camino estamos”, señaló el pasado viernes Fernández, en diálogo con Cadena 3 Rosario. E insistió en el reclamo de base: “El salario que estamos cobrando en Capital y el del interior tiene mucha diferencia, queremos que se regularice”.