En Argentina, las familias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad se encuentran con numerosas barreras al momento de escolarizar a sus hijes. “No hay vacantes”, “la institución no está preparada”, “puede venir pero con jornada reducida” son algunas de las formas más comunes de exclusión, pero el catálogo es extenso. Semanas atrás, con el objetivo de comenzar a derribar esas barreras, el grupo Tea Padres Autoconvocados (TPA), que nuclea a familiares de personas con trastornos del espectro autista, acercó al Congreso un proyecto de ley para capacitar a docentes de todo el país en discapacidad y dificultades del aprendizaje.
“Esta iniciativa, lo que busca, es garantizar el derecho a la educación inclusiva de nuestros hijos y terminar con la discriminación. No pretendemos modificar la estructura del sistema, ni culpabilizar a los docentes o cargarlos con más trabajo. Solo queremos brindarles herramientas, porque hay muchos maestros con buena voluntad pero que no saben cómo actuar para recibir a la diversidad”, explicó Romina Nuñez, autora de la propuesta legislativa, integrante de TPA y abogada especializada en discapacidad.
El proyecto, que propone una capacitación “obligatoria, permanente, actualizada, y continua” para “docentes de instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada” de todos los niveles obligatorios del Sistema Educativo Nacional, ingresó al Congreso el pasado 31 de marzo, de la mano de Carlos Linares, senador del Frente de Todos por Chubut. Unos días después, el 10 de abril, también fue presentado en la Cámara Baja por Carla Carrizo, diputada de Evolución Radical por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La expectativa, destacó Nuñez sobre los próximos pasos a seguir, "es que los legisladores comiencen a tratarlo en comisiones en mayo para que pueda salir la media sanción antes de que termine el año".
¿Cómo surgió el proyecto de ley?
La educación inclusiva está garantizada, a nivel mundial, por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que en su artículo 24 establece que ningún estudiante puede quedar excluido del sistema general de educación por su condición. “Es decir, la familia de ese niño o niña puede optar por una escuela especial o, tal como lo indica la CDPD, por una escuela común, con el apoyo de una maestra integradora o de un acompañante terapéutico”, señaló Nuñez sobre el tratado, que fue ratificado por Argentina en 2008 (Ley N°26.378) y que cuenta desde 2014 con jerarquía constitucional (Ley N°27.044).
En la práctica, sin embargo, el derecho a estudiar en un espacio inclusivo se ve constantemente vulnerado. “Según estadísticas del INADI, es en la escuela donde más se ejerce la discriminación a las personas con discapacidad. Yo, como abogada, recibo a diario consultas de padres y madres que no encuentran vacantes para sus hijos o que son obligados a enviarlos a jornada reducida, bajo el argumento de que la institución no está preparada o no tiene las herramientas para recibirlos", denunció Nuñez. Frente a este acto de discriminación, hay muchas familias que deciden ir a la justicia. "Pero no es una decisión fácil, implica mucho agotamiento. Por eso la gran mayoría resuelve por fuera de la judicialización, buscando otro colegio o cambiando a su hijo a una escuela especial”, reconoció la letrada.
El año pasado, cansados de la exclusión permanente y naturalizada, Nuñez y otros integrantes de Tea Padres Autoconvocados fueron a tocar las puertas de los Ministerios de Educación de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. “Allí pude comentar que tenemos tratados internacionales que hablan de la educación inclusiva y que esto implica capacitar a los docentes. También mencioné que existen recomendaciones de UNICEF y la ONU al Estado argentino en el mismo sentido”, contó la abogada.
Fue en ese momento, explicó Nuñez, que comenzó a tomar forma la idea de hacer un proyecto de ley: "En los ministerios me respondieron que hoy en día existen capacitaciones en discapacidad pero son optativas, porque no pueden obligar a los docentes. "¿Pero cómo?", me pregunté yo. Si hay marcos normativos que establecen capacitaciones obligatorias, como por ejemplo la ESI, la ley Micaela, y ahora la ley Lucio, ¿por qué no puede haber uno para educación inclusiva? Así que me puse a crearlo”, sintetizó la abogada.
P12.
