El decreto señala que Ecovina no logró un funcionamiento regular ni cumplió con las funciones para las que fue creado, lo que impidió alcanzar los objetivos propuestos. Además, la disolución del ente se justifica también por la necesidad de reducir el gasto público.
Con la disolución de Ecovina, las funciones que desempeñaba el ente serán asumidas por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (SPVN). Esto incluye la facultad para realizar la licitación y adjudicación de la traza principal de la hidrovía, que va desde la zona de confluencia hasta la salida oceánica, así como de otros tramos menores y complementarios.
Ahora, el Gobierno nacional tendrá el control exclusivo para resolver licitaciones y establecer tarifas de peajes, sin necesidad de consultar a las provincias ribereñas.