Esta medida, formalizada a través de la Resolución 1212/2024 publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo modernizar las políticas públicas vinculadas al comercio interno, reducir la burocracia y eliminar obstáculos que generaban ineficiencia y aumentaban los costos tanto para productores como para consumidores.
La resolución, que se alinea con el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742, busca promover una economía más dinámica y libre. A través de esta acción, el gobierno eliminó un conjunto de regulaciones que permitían al Estado fijar precios, intervenir en mercados y solicitar información considerada innecesaria. Entre las normativas derogadas, se encuentran disposiciones que abarcaban desde el control de precios en productos alimenticios como carne y lácteos, hasta medidas relacionadas con los servicios de comunicación y farmacias. También se eliminaron regulaciones que afectaban el flujo de comercio y que aumentaban el costo de productos como los neumáticos.
En este contexto, se destacan también otras normas que se habían vuelto obsoletas o ineficaces, como aquellas relacionadas con programas para pequeños productores agrícolas o incentivos para sectores específicos como el aceitero. Además, la derogación incluye regulaciones que imponían requisitos administrativos innecesarios, lo que contribuía a una mayor burocracia y costaba recursos públicos.
La eliminación de estas normas se suma a un proceso más amplio llevado a cabo por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que desde el inicio de la gestión ha derogado más de 107 normas adicionales para reducir las barreras burocráticas y fomentar la competencia libre en los mercados. Entre las medidas previas ya implementadas, se encuentran la eliminación de licencias automáticas y no automáticas en el comercio exterior, así como la simplificación de los procedimientos aduaneros, lo que ha generado ahorros sustanciales en costos operativos y administrativos.
Entre las regulaciones derogadas, se incluyen aquellas que establecían controles de precios en productos específicos como carne vacuna, lácteos y papel para diario, además de normas que regulaban tarifas de televisión paga y programas como "Super Cerca" y "Precios Justos", que habían sido implementados para contener los precios pero que, según el análisis oficial, resultaron en distorsiones del mercado. También se eliminaron medidas vinculadas a compensaciones para productos como la papa y la leche, así como varios programas destinados a fomentar la producción local, pero que ya no cumplían con sus objetivos.
A su vez, el gobierno derogó varias normas vinculadas a la homologación de productos y la obtención de información sin utilidad práctica. Por ejemplo, las exigencias informativas a instituciones educativas privadas y cámaras empresariales fueron eliminadas por considerarse innecesarias. En el ámbito productivo, también fueron eliminadas normativas relacionadas con unidades técnicas y proyectos que ya no operaban, como la Unidad de Evaluación Técnica de Proyectos Productivos para el Cambio Estructural (UETCE) y la Unidad Ejecutora Argentina Productiva 2030, entre otras.
Finalmente, también quedaron fuera de vigencia diversos programas de fomento y promoción del mercado que no tenían aplicabilidad práctica, como el Programa Agropymes Sustentables y la red de mercados concentradores nacionales. La eliminación de estas normativas es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno por simplificar los trámites administrativos y mejorar la competitividad del país.
