El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo nacional incluye una reforma al sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. El artículo 39 propone modificar la Ley 24.901 y dejar de considerar al Nomenclador de Prestaciones Básicas como una referencia única y obligatoria para todo el país.
Actualmente, ese esquema establece aranceles para servicios como transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y tratamientos de rehabilitación. La modificación planteada reemplazaría esa referencia nacional por un sistema basado en un piso mínimo de prestaciones, sin exigir que las jurisdicciones mantengan los mismos valores ni modalidades de financiamiento.
En el caso del Estado nacional, los aranceles serían definidos de manera trimestral por la Secretaría Nacional de Discapacidad o, en su defecto, por el Ministerio de Salud, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor. La iniciativa ya había sido incluida en un proyecto relacionado con las pensiones por invalidez que finalmente no avanzó.
Preocupación entre prestadores y organizaciones
La posible modificación generó cuestionamientos entre profesionales, instituciones y organizaciones vinculadas a la discapacidad. Uno de los principales planteos es que, sin una referencia nacional, las condiciones económicas quedarían sujetas a negociaciones entre cada prestador y las obras sociales, prepagas u otros financiadores.
Desde el sector advierten que esa situación podría profundizar las diferencias entre jurisdicciones y afectar la continuidad de determinados servicios, especialmente aquellos que requieren equipamiento específico, profesionales especializados y traslados a grandes distancias.
También señalan que una reducción de los aranceles o mayores demoras en los pagos podrían provocar una disminución de la oferta de prestadores, con consecuencias directas para las familias que necesitan tratamientos y apoyos de manera sostenida.
El impacto en Misiones
En Misiones, la discusión adquiere particular relevancia por las distancias geográficas, la menor disponibilidad de profesionales especializados y los costos adicionales que implica garantizar determinadas prestaciones fuera de los principales centros urbanos.
A diferencia de las provincias patagónicas, que cuentan con un adicional del 20% por zona desfavorable, las jurisdicciones del NEA no tienen un incentivo equivalente dentro del esquema señalado por los prestadores. Según advierten, una eventual negociación de aranceles sin una referencia nacional podría dificultar todavía más la permanencia de servicios en la provincia.
Otro de los riesgos planteados es que una reducción de la oferta privada genere mayor demanda sobre el sistema público de salud, que debería absorber tratamientos y prestaciones en un contexto de restricciones presupuestarias.
Un sector que ya enfrenta demoras en los pagos
La reforma propuesta se analiza, además, en un escenario de dificultades económicas para el sistema de atención. Prestadores y entidades del sector aseguran que existen demoras en los pagos de las obras sociales que, en algunos casos, superan los 180 días.
A esto se suma el atraso acumulado de los aranceles del nomenclador nacional frente a la inflación registrada durante 2025 y 2026. Por ese motivo, las organizaciones advierten que cualquier modificación del esquema de financiamiento debería contemplar la actualización de los valores y la continuidad de las prestaciones para evitar interrupciones en los tratamientos.