Creado en 1998 y desde entonces mantenido por todos los gobiernos, el Fonid tenía como objetivo reforzar el salario de los maestros de todo el país a través de la transferencia de recursos adicionales, provenientes de un impuesto específico. Para los docentes, significaba un plus de entre el 10 y el 20 por ciento en sus salarios. Pese al reclamo de todas las provincias para que lo sostuviera, el gobierno nacional ya había anunciado que lo daría de baja. La medida se concretó ahora con la supresión, por DNU, de los 276 mil millones de pesos del Fondo que correspondían al presupuesto prorrogado del año anterior.

El rechazo de los sindicatos docentes no tardó en llegar. «Es un nuevo ataque a la docencia», afirmó Roberto Baradel, secretario adjunto de Ctera, quien definió al Fonid como «un derecho adquirido».

La decisión de eliminar el incentivo docente se produce en un momento de desplome general de salarios y jubilaciones, achicamiento de partidas presupuestarias y despidos de miles de trabajadores estatales. «Lo que está haciendo es lastimar al pueblo en general y beneficiar a lo peor de la casta», sostuvo Baradel en diálogo con Página/12.

El dirigente sindical alertó que el Gobierno tampoco está enviando los recursos destinados a programas educativos, comedores escolares e infraestructura, transferencias que recibían todas las provincias, parte del 6 por ciento del Producto Bruto Interno que, como establece la ley, debe invertirse en educación. Por ese motivo, evaluó que Milei «sin ninguna duda va en contra de la educación pública». Baradel señaló que, si bien hay diálogo con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, «las últimas decisiones del Gobierno van en el sentido contrario incluso de lo que él mismo nos manifestó». Cabe destacar que, desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el Ministerio de Educación bajó al rango de secretaría y quedó dentro de la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

También fue criticado el método con el cual el gobierno de Milei suprimió el incentivo salarial docente. «No existe en este momento ni necesidad ni urgencia al estar sesionando el Congreso Nacional», dijo a este diario Fabián Felman, secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Felman cuestionó la legalidad de la decisión del Poder Ejecutivo. «Periódicamente el Estado nacional se ha comprometido, en sus cláusulas, a abonar un monto para compensar a las provincias, por un lado, y por otra parte al conjunto de la docencia del país. Esa cláusula no se puede modificar unilateralmente por parte del gobierno nacional», puntualizó.

El secretario general de CEA enfatizó en las consecuencias regresivas que tendrá la medida a nivel federal. «Esta decisión unilateral intenta fragmentar a la Nación, convirtiendo a las jurisdicciones en 24 archipiélagos», aseguró. Apuntaba al efecto de compensación salarial interprovincial que tenía el Fonid.