Hace menos de un mes, a principios de febrero, a raíz de reiteradas denuncias ciudadanas por el funcionamiento de emprendimientos clandestinos de alquiler temporal de quincho y pileta en Posadas y Garupá, el bloque del Partido Agrario y Social (PAyS) reclamó que los municipios garanticen con celeridad el cumplimiento de las inspecciones de rigor. 

En los fundamentos, el Proyecto de Comunicación, presentado por los diputados Cristian Castro y Blanca Alvez, señala que en los últimos años, especialmente luego de la pandemia global por Covid-19, se incrementó el número de emprendimientos de alquiler de quincho y pileta en las grandes ciudades.

La privatización de las costas del Paraná y los cambios negativos en el río producidos por efecto de la represa de Yacyretá, son otros factores de peso en el incremento de estos espacios, ya que ante la imposibilidad de refrescarse en las playas locales, como ocurría históricamente, ahora los pobladores sólo pueden optar por piscinas de alquiler.

“Hasta hace un tiempo, estas ‘fincas de fin de semana’ se localizaban en las afueras de los centros urbanos, pero ahora se encuentran en medio de los barrios, entre viviendas particulares”, se observa.

Este fenómeno se constata con especial fuerza en las localidades de Posadas y Garupá, donde existen numerosos espacios que prestan dicho servicio, en algunos casos administrados por organizaciones y en otras por particulares.

Según las plataformas "Google Maps" y "Marketplace" (de la red social Facebook), en Posadas y Garupá funcionan alrededor de treinta de estos emprendimientos.

Un problema preocupante que ha surgido a raíz de ello es que, según denuncian las y los vecinos, estos predios, en la mayoría de los casos, no cuentan con la habilitación correspondiente. Son alquilados en la clandestinidad, lo que conlleva graves riesgos para la seguridad de los visitantes. A eso se suma que, en muchos casos, producen molestias continuas en los barrios residenciales, por música a alto volumen.

Según refieren los pobladores damnificados, pese a los reclamos y denuncias efectuadas, los municipios no proceden a inspeccionar y clausurar los locales clandestinos, por lo que éstos siguen funcionando.

“Creemos que es menester que la Municipalidad esté a la altura de las circunstancias y actúe con celeridad y firmeza, haciendo cumplir la normativa vigente”, expresa el proyecto del PAyS.