Un fuerte hermetismo rodea al Gobierno provincial luego de que se conociera la denuncia pública del periodista Enrique Ortiz, quien reveló que un comisario de San Ignacio habría sido amenazado por el propio intendente municipal, Esteban Romero, tras haber encabezado un operativo vinculado a una presunta red de trata de personas.
De acuerdo con la información difundida, el comisario Rubén Dos Santos -que hasta hace poco se desempeñaba en el área de narcóticos- habría participado en un procedimiento en el que se investiga un presunto caso de explotación sexual de menores en un camping de la zona. Durante el operativo, según las fuentes consultadas, se habrían encontrado situaciones irregulares que comprometían a funcionarios locales.
Amenazas y traslado del comisario
El periodista Ortiz afirmó que, tras el procedimiento, el intendente Romero habría amenazado de muerte al comisario, lo que derivó en una denuncia formal que el propio Dos Santos estaría radicando en Posadas. “Nunca lo escuché tan asustado”, señaló el hermano del oficial, quien relató que el jefe comunal habría interceptado al policía cuando se encontraba en una gomería y le habría advertido “que se cuide”.
Dos Santos fue trasladado a otra dependencia, lo que generó preocupación entre sus allegados y encendió sospechas sobre posibles presiones internas dentro de la fuerza. Desde el entorno del comisario aseguran que el superior directo, no habría tomado medidas de protección y que incluso “cortó la comunicación” cuando el policía intentó reportar la amenaza.
Una denuncia que apunta más alto
El periodista Ortiz aseguró que la denuncia por amenazas y trata fue elevada también al fuero federal, con el acompañamiento de organizaciones contra la explotación sexual, entre ellas la Red Alameda y abogados de Buenos Aires. Según sostuvo, se habría recurrido a la Justicia federal porque en Misiones “las causas locales quedan en la nada o se archivan”, señalando que varios expedientes terminan en el Juzgado de Jardín América, donde -dijo- “hay vínculos de amistad con el intendente denunciado”.
En paralelo, se supo que el propio intendente Romero radicó una contradenuncia en la comisaría de San Ignacio contra el comisario Dos Santos, lo que complejiza aún más el panorama institucional del municipio.
Silencio provincial y reclamos de protección
Hasta el momento, ni el Ministerio de Gobierno ni la Jefatura de Policía emitieron comunicados oficiales sobre la situación del comisario. El silencio de las autoridades generó preocupación en sectores sociales y organizaciones que trabajan con víctimas de explotación.
Desde el entorno del policía pidieron que se garantice su seguridad y la de su familia, así como que se investiguen las presuntas amenazas. “Hizo su trabajo y ahora teme por su vida”, resumió uno de los allegados.
Antecedentes y contexto
Hace pocos días se se difundieron denuncias sobre presuntas fiestas clandestinas en un camping de San Ignacio, donde se habrían detectado menores de edad y la presencia de funcionarios locales. Esas versiones motivaron el operativo policial encabezado por Dos Santos, quien, según la investigación periodística, habría detectado la participación de un secretario del municipio y un agente policial entre los presentes.
Si bien el caso se encuentra bajo investigación, el episodio reavivó el debate sobre la protección de los funcionarios que denuncian hechos de corrupción o trata de personas y la necesidad de transparencia institucional en Misiones.
Hasta el momento no hubo pronunciamiento oficial del Gobierno provincial ni del municipio de San Ignacio sobre los hechos denunciados. La causa podría pasar al ámbito federal en las próximas horas.
Video de denuncia: https://www.facebook.com/NoticiasdeAlem/videos/1182379323783989