Un nuevo relevamiento volvió a exponer la profunda brecha entre los ingresos reales y el costo de vida en la Argentina, con un impacto especialmente sensible en el Nordeste. Según el ejercicio “¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?”, elaborado por la Junta Interna de ATE INDEC, en diciembre de 2025 una familia tipo misionera necesitó cerca de $1,9 millones mensuales para cubrir necesidades básicas.
El informe toma como referencia un hogar integrado por dos adultos y dos hijos en edad escolar, y establece ese monto como un piso de subsistencia, no como un ingreso óptimo. Para el NEA —región que integran Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa— el ingreso mínimo requerido fue de $1.901.988, mientras que en el Gran Buenos Aires la cifra ascendió a $2.136.860 de bolsillo.
En provincias como Misiones, donde los salarios promedio son históricamente más bajos y el mercado laboral es más frágil, el dato adquiere una dimensión crítica. La caída del consumo, la recesión y las dificultades que atraviesan sectores clave como el comercio, la industria y los servicios se combinan con ingresos que no logran acompañar el aumento sostenido del costo de vida.
El relevamiento detalla que solo la canasta alimentaria mínima alcanzó en diciembre los $729.753, mientras que otros gastos esenciales —alquiler, transporte, salud, educación, vestimenta y servicios públicos— demandaron $1.407.107 adicionales. La suma deja en evidencia la distancia cada vez mayor entre los salarios y el costo real de sostener un hogar.
Desde la asunción del presidente Javier Milei, la inflación acumulada asciende al 259,4%, según datos oficiales del INDEC. En ese mismo período, el salario testigo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) perdió alrededor del 30% de su poder adquisitivo. Actualizado por inflación, ese ingreso debería ubicarse hoy cerca de $1.483.708, pero en la práctica apenas supera los $656.000, lo que implica una pérdida real superior al 55%.
“El ajuste sobre los salarios es deliberado y premeditado”, sostuvo Raúl Llaneza, secretario general de la Junta Interna de ATE INDEC, quien reclamó un aumento de emergencia del 52% en una sola cuota para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Desde el sindicato advierten que la política salarial vigente profundiza el empobrecimiento y debilita el empleo formal.
El deterioro también se refleja en los indicadores laborales: desde el inicio del actual Gobierno nacional se perdieron entre 270.000 y 280.000 puestos de trabajo registrados y cerraron más de 19.000 empresas, según datos oficiales y de centros de análisis. En Misiones, ese proceso se traduce en mayor informalidad y precarización.
La situación es aún más crítica para los monotributistas, muchos de ellos vinculados al Estado. Con ingresos mensuales que rondan los $776.000, acumulan pérdidas equivalentes a más de siete meses completos de honorarios en los últimos años, sin acceso a aguinaldo ni recomposiciones reales.
El mapa regional elaborado por ATE refuerza una conclusión alarmante: incluso en las zonas con menor costo de vida relativo, los salarios ya no alcanzan para cubrir lo indispensable. En un escenario de recesión persistente y con señales inciertas sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria, el debate por los ingresos vuelve a ocupar un lugar central en la agenda social y económica de Misiones.
