El diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro, alertó sobre la grave situación que atraviesa la cadena productiva de la yerba mate, tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y la quita de funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Según explicó, la caída del precio de la hoja verde y las condiciones de pago están golpeando con mayor fuerza a los eslabones más vulnerables del sector.
Castro -en declaraciones radiales- recordó que el precio mínimo oficial del kilo de hoja verde, establecido por el INYM en diciembre de 2023, era de 210 pesos, aunque en ese momento llegó a pagarse hasta 370 pesos al contado. Sin embargo, señaló que en la actualidad los valores se desplomaron y oscilan entre 200 y 280 pesos, incluso en los mejores casos.
A esta baja se suma una modalidad de pago que agrava aún más la situación. “Hoy se paga solo una parte de contado y el resto a 30, 60, 90 o hasta 180 días, y muchas veces ocurre que cuando llega el último pago, el cheque no tiene fondos”, denunció el legislador, al calificar la situación como “tremenda” para los productores.
El diputado puso especial énfasis en el impacto social de esta crisis, señalando que el sector más afectado es el que menos visibilidad tiene: los tareferos. Según explicó, el kilo de hoja verde debería rondar los 72 a 75 pesos, pero actualmente se les paga alrededor de 45 pesos. “No es que el productor no quiera pagar más, es que no puede, porque prácticamente no le queda nada”, afirmó.
Esta realidad está generando consecuencias directas en el empleo rural. Castro advirtió que muchos tareferos ya no esperan la zafra y optan por emigrar a Brasil en busca de mejores oportunidades laborales, como pasa con otros sectores. “Dicen ‘no espero más, me voy a trabajar a Brasil o busco alguna alternativa’, porque la situación económica no les permite sostenerse”, señaló.
Finalmente, el legislador vinculó este escenario con la desregulación del mercado yerbatero y la pérdida de herramientas de control del INYM, asegurando que la falta de reglas claras perjudica a toda la cadena, pero especialmente a los pequeños productores y trabajadores rurales, profundizando una crisis que ya se traduce en migración y pérdida de mano de obra local.