El debate por la baja de la edad de imputabilidad en la Cámara de Diputados incorporó una advertencia sobre sus efectos presupuestarios y operativos en el interior del país. Durante el plenario de comisiones, el diputado nacional por Misiones, Oscar Herrera Ahuad, puso el foco en las consecuencias concretas que tendría la reforma si no se establecen recursos definidos para su ejecución.
“El debate genera incertidumbre en las provincias y también expectativas en la sociedad”, señaló el legislador, al plantear que la iniciativa no puede analizarse únicamente desde el aspecto penal. Según expresó, la discusión debe contemplar cómo se implementarán las nuevas disposiciones en cada jurisdicción y qué estructura será necesaria para sostenerlas.
Herrera Ahuad remarcó que el abordaje de la niñez y la adolescencia requiere políticas diferenciadas. “El niño es niño y el joven es joven”, afirmó, y sostuvo que no corresponde equiparar su tratamiento al de un adulto. En esa línea, propuso fortalecer equipos interdisciplinarios y dispositivos de acompañamiento familiar, además de reforzar el sistema de salud mental.
También cuestionó que se asignen responsabilidades a los distritos sin precisar el origen de los fondos. “Hoy a los gobernadores se les dice ‘hagan esto’, sin decirles de dónde sacar la plata”, expresó. Por eso, pidió incorporar una cláusula presupuestaria específica que garantice la aplicación de la reforma y establezca una distribución clara de obligaciones entre la Nación y las provincias.