En medio de los recientes ajustes en la tarifa eléctrica en Misiones, que de acuerdo con un informe oficial tuvo un aumento promedio del 7,55% en febrero y una variación interanual de más del 31% según datos provinciales, varios usuarios comenzaron a manifestar que sus facturas reflejan consumos muy superiores a los reales, generando controversia y malestar social.
Vecinos de distintos municipios denunciaron que las boletas recibidas no condicen con su consumo habitual e incluso con períodos en los que no estuvieron en sus viviendas. Algunos casos estremecieron las redes y grupos de vecinos, donde usuarios compartieron boletas con consumos duplicados respecto a meses anteriores. Un usuario afirmó que el mes pasado abonó cerca de 70 mil pesos en su factura de luz y este mes le llegó una boleta de 140 mil pesos, aun cuando se encontraba de vacaciones fuera de su domicilio durante gran parte del período.
Las quejas no solo se centran en los montos, sino también en la falta de explicaciones claras por parte de Energía de Misiones. Varias personas señalaron que cuando intentaron reclamar por el servicio no obtuvieron respuestas satisfactorias, y que en algunos casos se les exigió pagar primero la factura para luego poder iniciar el reclamo formal. Otros usuarios además mencionan cortes de suministro frecuentes, sobre todo cuando hay tormentas, sin que exista una comunicación o un plan de contención eficiente.
La situación plantea interrogantes sobre la forma en que se están aplicando los consumos facturados y si existen errores en las lecturas o en los sistemas de estimación utilizados por las empresas. Usuarios afectados expresaron que la falta de transparencia en las boletas y la dificultad para acceder a una revisión detallada del consumo real generan desconfianza y hacen más difícil poder defender sus derechos como consumidores.
Organizaciones de defensa del usuario advierten que, en el contexto de aumentos tarifarios a nivel nacional y provincial, es clave contar con mecanismos claros que permitan a los usuarios verificar lecturas reales, corregir errores y acceder a reclamos sin tener que afrontar primero el pago de montos que consideran incorrectos. Esta polémica suma presión sobre las prestadoras del servicio y las autoridades reguladoras, que deberán responder ante un creciente malestar social generado por las facturas eléctricas.