La Justicia Federal de Posadas avanza en una causa que investiga una presunta red de cobro de coimas vinculada al contrabando en el puente internacional que une Posadas con Encarnación. La pesquisa, encabezada por la jueza María Verónica Skanata, apunta a una posible asociación ilícita integrada por efectivos de Gendarmería Nacional y personal aduanero. Esta no es la primera vez que se realizan pesquisas relacionadas al organismo.
En el marco del expediente, se realizaron allanamientos en distintos puntos de la ciudad, incluyendo departamentos sobre la avenida Leandro N. Alem y viviendas ubicadas en zonas como chacra 96 y las avenidas Bustamante y Comandante Andresito. Durante los operativos, se secuestraron teléfonos celulares y computadoras portátiles que serán sometidos a peritajes para determinar posibles vínculos con las maniobras investigadas.
De acuerdo a fuentes judiciales, al menos 40 funcionarios están siendo investigados, entre integrantes del Escuadrón 50 Posadas de Gendarmería y agentes de la sede local de la Aduana, dependiente de ARCA. La causa se tramita bajo la figura de cohecho pasivo, que contempla penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En paralelo, se dispuso la intervención de la Aduana de Posadas, una medida que refleja la magnitud del caso. Para garantizar el funcionamiento del organismo, se trasladó personal desde Rosario, que asumirá tareas operativas mientras avanza la investigación judicial y administrativa. El objetivo es sostener los controles en un punto clave para el tránsito de mercaderías en la región.
El caso genera preocupación en el ámbito comercial y logístico, debido a la importancia estratégica del paso fronterizo. La Aduana de Posadas es un nodo central para el comercio exterior en Misiones, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en la actividad económica.
Mientras no se registran detenciones, la investigación continúa en curso y busca determinar si se trata de hechos aislados o de una estructura más amplia. El avance de las pericias y el análisis del material secuestrado serán claves para definir responsabilidades y el alcance real de la presunta red.