La semana pasada cortaron las calles frente al edificio municipal en reclamo de elementos de trabajo acordes a la tarea que realizan, además de aumento y justa distribución de adicionales, entre otras cosas. Fueron desalojados durante una asamblea por orden judicial; pero no abandonan la lucha y se encuentran apostados en una carpa frente al corralón municipal ubicado en Urquiza y San Martín, aunque sin bloquear el paso.
Una de las empleadas, Cármen, señaló que están peleando por garantizar sus derechos laborales y el de sus compañeros. “Aunque llueva o haga frío seguimos acá reclamando lo que consideramos justo. Somos empleados formados y con muchos años de trabajo. En gestiones anteriores teníamos la obligación de hacer cursos de capacitación.Nos reuníamos con los jueces de Faltas y nos explicaban detalladamente cómo debíamos hacer las actas, por ejemplo, para no cometer errores. Pero de un tiempo a esta parte se terminaron los cursos. Vemos que ingresan compañeros nuevos que no conocemos y al no haber más capacitaciones, es difícil que puedan hacer bien su trabajo en la calle, porque un inspector de tránsito no se forma en un mes”, explicó la mujer.
Con lo que ganan apenas llegan a fin de mes
Señalaron que su lucha es por ellos y por todos los integrantes del cuerpo de Tránsito del Municipio de Posadas. “Con los que entraron ahora somos más de 180 trabajadores y debemos estar preparados para hacer correctamente nuestra tarea. Estamos abiertos al diálogo con las autoridades para que esto se solucione esto. En mi caso me estoy jubilando en un tiempo más; pero acá hay gente joven que tiene empuje y que debe ser reconocida. Es un semillero de gente buena y trabajadora”, dijo una de las empleadas con 38 años de servicio. “Soy jefa de familia, madre sola que ya crié a mis cuatro hijos, ellos están grandes y quiero que se sientan orgullosos de la madre que tienen, igual que mis compañeros, a muchos los adopté como hijos”, expresó.
Ella gana un básico de 4300 pesos, que con adicionales y otros ítems, apenas llego a los 7000 pesos. “No es lógico ni justo que tengamos que pasar por esto; pero ojalá lleguemos a buen puerto”, augura.
Los adicionales son para el personal que trabaja en la calle
Otro de los trabajadores, Mauro Benítez recordó que hace una semana mientras estaban en asamblea, los desalojaron de nuestro lugar de trabajo por orden del juez de Instrucción, Marcelo Cardozo. “Pero no vamos a aflojar y seguiremos acampando. Esta lucha se generó a raíz de reclamar mejor reparto de los adicionales que debíamos cobrar. Pedimos que lo perciba el personal que cumple tareas en la calle, no los administrativos ni las secretarias de los funcionarios, no queremos acomodos”, indicó.
Hace 16 años trabaja en Tránsito y tiene un básico de 4000 pesos, para poder cobrar horas de adicional tiene que trabajar de lunes a lunes, porque de lo contrario no llega a fin de mes. “Tenemos un sindicato que no nos representa, tiene diálogo con el Ejecutivo, pero no nos acompaña en nuestro reclamo alegando que queremos desestabilizar”.
Recordó que reclaman incremento en los adicionales y un reparto equitativo. También que “los compañeros que están precarizados laboralmente, casi un 50$% del plantel, tengan un contrato con relación de dependencia para contar con cobertura médica y ART. Pedimos herramientas de trabajo, insumos, recursos que deberíamos tener según las ordenanzas que apuntan a la seguridad vial; pero contradictoriamente hubo recortes de combustible y los móviles están parados. El 30% de los trabajadores tienen problemas de salud debido al esfuerzo físico de la tarea. Pedimos que se dignifique nuestro trabajo que se rige por la Ley de Tránsito 24.449”, acota.
Sin elementos suficientes para controlar el Alcohol Cero
Una de las inspectoras del sector Nocturnidad, Carol, cuya guardia es de miércoles a sábados, coincide con el resto de sus compañeros. “Pedimos el aumento del adicional prometido que no se concretó. Nos reunimos con el secretario de Seguridad (comisario general (R), Víctor Armando Rutschman, que cuando le planteamos el aumento, no supo darnos respuesta, y tampoco la tuvimos de parte del Poder Ejecutivo, por eso nos plantamos. Tenemos un solo alcoholímetro, las pipetas no alcanzan para hacer el control, sobre todo los fines de semana que nos dan sólo 20 y no alcanzan cuando existe una Ordenanza de Alcohol Cero. No podemos mentirle a la sociedad, los móviles no tienen combustible, no podemos trabajar sin herramientas. No tenemos uniformes, los que quedan son de la gestión anterior y están rotos y gastados”.
A los inspectores les parece injusto que los adicionales los cobre gente que está cumpliendo tareas en las oficinas, o los directores y jefes de departamentos que ya perciben un adicional por cargo.
“El Soemp nos dio la espalda”
También cuestionan el tema de las multas. “Conocemos casos concretos de como el hijo del vecino debe pagar la multa, y al acomodado le liberan los autos, poniendo en un compromiso a nuestros compañeros que trabajan de serenos en el corralón. Esos funcionarios favorecen a sus amigos y rompen con la ley y eso es un delito. El secretario general del Soemp, Daniel Porto que debería defendernos nos dio la espalda, creemos que está de lado de la patronal, por lo tanto decidimos afiliarnos a ATE y participar de la audiencia de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo”, manifestó Carol.
Estos 80 trabajadores cesanteados denuncian que el Ejecutivo toma gente sin relación de dependencia, hacen actas que no tienen validez para el Juzgado de Faltas porque están inhabilitados para firmar. “Sentimos el apoyo de la sociedad que nos acompaña y nosotros estamos fuertes para continuar con la lucha”, remarcó la empleada municipal.
Prensa PAyS
