Dos suboficiales de la Policía de Misiones fueron detenidos este miércoles en Puerto Iguazú y apartados de la fuerza, luego de una investigación interna que detectó presuntas irregularidades en la sección de Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por un hombre que había permanecido detenido en ese sector. En su exposición, aseguró haber sufrido malos tratos y señaló distintas situaciones que despertaron sospechas sobre el funcionamiento interno del lugar.
A raíz de la denuncia, la Jefatura de Policía ordenó una investigación a través de la Dirección de Asuntos Internos, que realizó distintas diligencias para determinar qué había ocurrido y establecer posibles responsabilidades entre el personal involucrado.
Durante el avance de las actuaciones surgieron elementos que fueron comunicados al Juzgado de Instrucción N.º 3 de Puerto Iguazú. En paralelo, la Policía inició los correspondientes sumarios administrativos.
Con esos elementos, la Justicia ordenó una serie de medidas que incluyeron allanamientos, secuestros y detenciones. La causa investiga presuntos delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento.
Las medidas se concretaron alrededor de las 7 de este miércoles 2 de septiembre. En ese procedimiento fueron detenidos el sargento Rafael A., quien prestaba servicios en la Comisaría Segunda, y el agente Rodrigo A., integrante del Comando Radioeléctrico de Iguazú.
Además, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de ambos efectivos, que quedaron incorporados como elementos de interés para el avance de la causa judicial.
Los dos suboficiales permanecen detenidos a disposición del magistrado interviniente y fueron inmediatamente apartados de la institución por disposición de la Jefatura de Policía.
Mientras continúa la investigación judicial, también avanzan las actuaciones administrativas internas para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y establecer si existen otras personas involucradas o eventuales responsabilidades.
Desde la fuerza remarcaron que la intervención forma parte de una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la ley y de los deberes propios de la función policial, incluso cuando las sospechas recaen sobre integrantes de la propia institución.