El conflicto por el servicio de agua potable en Puerto Piray sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado provincial Ramón Amarilla presentara un proyecto de comunicación para solicitar la intervención del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC). El planteo surge en medio de reclamos de vecinos y cuestionamientos sobre las condiciones del agua que reciben distintos barrios de la localidad.
Amarilla explicó que desde su banca decidió acompañar el reclamo y pedir que se realicen los controles correspondientes para determinar cuál es el estado real del suministro. “Desde mi banca hemos realizado un proyecto de comunicación también solidarizándonos y solicitando a que se revea la situación y que se hagan los controles necesarios”, sostuvo.
El pedido se da luego de que vecinos de Puerto Piray manifestaran públicamente sus preocupaciones por el servicio. Entre los reclamos aparecieron problemas vinculados con interrupciones del suministro, fallas en el sistema de bombeo y cuestionamientos sobre las condiciones del agua que llega a los hogares.
A esto se sumaron versiones sobre personas que habrían sufrido cuadros gastrointestinales, aunque hasta el momento no existe un estudio epidemiológico difundido que permita establecer una relación directa entre esos casos y el consumo de agua. También circularon imágenes y publicaciones en redes sociales vinculadas con el estado de una cisterna y con una presunta contaminación.
El informe de la UNaM y las versiones contrapuestas
Uno de los elementos mencionados por Amarilla fue un informe atribuido a la Universidad Nacional de Misiones que comenzó a circular en redes sociales y que, según el diputado, advertiría que el agua no sería apta para consumo humano.
“Se ha viralizado también un informe de la UNaM donde informa que el agua no es potable”, afirmó el legislador, al fundamentar su pedido de intervención del organismo regulador.
Sin embargo, la situación permanece atravesada por versiones contrapuestas. Desde la Municipalidad de Puerto Piray sostuvieron que análisis realizados sobre muestras tomadas el 7 de septiembre determinaron que el agua era apta para consumo humano y señalaron que esos resultados fueron remitidos al EPRAC.
El municipio también cuestionó públicamente a dos concejales opositores, Adrián Duarte y Elizabeth Mercado, luego de que difundieran planteos sobre una posible contaminación del suministro, y presentó una denuncia penal contra ambos. Las afirmaciones de los ediles constituyen su posición sobre el estado del agua y no una conclusión sanitaria definitiva.
El reclamo por controles oficiales
En ese contexto, Amarilla planteó que sea el organismo provincial encargado de regular el servicio el que intervenga y determine técnicamente las condiciones del suministro. “Desde mi banca solicito con este proyecto de comunicación que se arbitren los medios necesarios y que el EPRAC intervenga inmediatamente”, remarcó.
La discusión también quedó atravesada por el reclamo de vecinos que cuestionaron la información disponible sobre los análisis realizados. Si bien el municipio aseguró que cuenta con estudios que respaldan la aptitud del agua para consumo, esos informes no fueron publicados directamente en los canales institucionales, según surge de la información difundida sobre el conflicto.
El problema no se limita solamente a la calidad del agua. Durante los últimos meses se registraron fallas en la bomba encargada de impulsar el suministro desde el río Paraná hacia la cisterna del barrio San José, situación que provocó interrupciones y alimentó el malestar entre los usuarios.