La Municipalidad de Posadas salió al cruce de las acusaciones realizadas por los responsables del supermercado El Negro, quienes denunciaron públicamente una supuesta “persecución” y vincularon la clausura del comercio con un conflicto previo con un inspector municipal al que, según su versión, denunciaron por un presunto pedido de dinero. El municipio dio ahora su propia versión del procedimiento y aseguró que la clausura preventiva se produjo después de detectar alimentos vencidos, mercadería sin rotulación ni trazabilidad y graves deficiencias de higiene y conservación.
El caso comenzó a tomar estado público luego de que el supermercado denunciara la clausura concretada el martes 22 de septiembre. Los responsables del comercio rechazaron que el cierre estuviera relacionado con irregularidades sanitarias y sostuvieron que la medida habría sido solicitada antes de la inspección. También afirmaron que existía un conflicto previo con un funcionario municipal y que habían presentado una denuncia penal.
Ahora, la Municipalidad difundió un comunicado en el que reconstruyó el procedimiento realizado el 10 de septiembre y sostuvo que durante aquella intervención se encontraron productos con fechas de caducidad vencidas, entre ellos panificados, lácteos, chocolates y jugos. También mencionó mercadería sin la correspondiente rotulación y trazabilidad, además de productos de origen extranjero que, según el municipio, no contaban con autorización bromatológica.
Del reclamo por una supuesta persecución a una clausura por irregularidades sanitarias
La respuesta municipal también puso el foco en las condiciones de conservación de los alimentos. Según el acta y la explicación oficial, durante la inspección se detectaron deficiencias en la cámara de frío, deterioros en la estructura, elementos oxidados y acumulación de restos orgánicos en pisos y paredes. La secretaria de Salud, Deportes y Desarrollo Humano, Gabriela Flores, sostuvo además que esas irregularidades quedaron registradas mediante documentación y videos.
Frente a ese escenario, el municipio afirmó que la clausura no fue una decisión directa de los inspectores, sino que fue dispuesta posteriormente por el Juzgado Municipal de Faltas N.º 1. El organismo ordenó la clausura preventiva total del establecimiento y el decomiso de los productos que no estaban en condiciones de ser comercializados, para su posterior destrucción conforme al procedimiento correspondiente.
La versión oficial contradice así uno de los principales argumentos planteados por los propietarios de El Negro, quienes habían asegurado que la clausura obedecía al conflicto con un inspector y no a la supuesta venta de productos vencidos. El comerciante, además, había negado que durante el operativo se encontrara mercadería en mal estado y sostuvo que tenía las habilitaciones correspondientes.
La Municipalidad también salió a responder específicamente la acusación por un supuesto pedido de dinero. Flores aseguró que el municipio investiga este tipo de denuncias y afirmó que no avala ninguna conducta de esa naturaleza. “Nosotros investigamos absolutamente todo porque, por supuesto, que no estamos de acuerdo para nada con eso”, expresó.
Al mismo tiempo, la funcionaria aclaró que la acusación contra el inspector forma parte de una actuación distinta y que deberá determinarse judicialmente qué ocurrió. “Tengo entendido que eso no ocurrió y que eso no es real, pero él tiene la potestad de denunciar si corresponde”, manifestó Flores.
Denuncias cruzadas: el inspector también acusó una agresión
Pero el conflicto no terminó en la denuncia presentada por el comerciante. De acuerdo con la Municipalidad, durante el procedimiento de fiscalización se produjo un episodio de agresión contra un agente municipal que estaba realizando tareas de inspección.
Según la versión oficial, el inspector denunció haber sido encerrado y golpeado por personal del establecimiento. Posteriormente se presentó en la Comisaría Seccional 13.ª, donde se realizó una constatación médico-legal que habría acreditado lesiones. La Fiscalía de Instrucción en turno tomó intervención para investigar lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.
El comerciante, en cambio, había negado que el inspector hubiera sido agredido y sostuvo públicamente que fue él quien radicó una denuncia contra el agente por el supuesto intento de soborno. En su relato, afirmó que el inspector le habría pedido $100.000 mensuales para evitarle inconvenientes con las inspecciones. Esa acusación fue presentada por el propietario como uno de los antecedentes centrales de la posterior clausura.
De esta manera, el expediente quedó atravesado por denuncias cruzadas: por un lado, la acusación del propietario contra el inspector por un supuesto pedido de dinero; por otro, la denuncia del agente municipal por una presunta agresión durante el procedimiento. Ninguna de esas acusaciones implica, por sí sola, que los hechos denunciados estén judicialmente comprobados.
El municipio asegura que no busca cerrar comercios
Desde la Municipalidad remarcaron que el objetivo de las inspecciones es garantizar las condiciones de seguridad e inocuidad de los alimentos y que, ante incumplimientos, la respuesta habitual no es necesariamente la clausura inmediata.
Flores explicó que, cuando se detectan irregularidades que pueden ser corregidas, generalmente se entrega al comerciante una boleta de inspección y se otorga un plazo para regularizar la situación. “Se le da un tiempo prudente para que regularice la situación de higiene y no se le clausura”, señaló.
En este caso, según la explicación oficial, la gravedad de las observaciones sanitarias y el episodio ocurrido durante el procedimiento derivaron en la intervención del Juzgado Municipal de Faltas N.º 1, que terminó disponiendo la clausura preventiva y el decomiso de la mercadería.