El cuerpo aprobó la creación de una comisión especial que analizará la conducta del expresidente del Concejo. La oposición sostiene que alteró su licencia para no habilitar a un suplente y que eludió licitaciones durante su gestión. El edil denunció una “cortina de humo” y desafió a debatir en el recinto.
El Concejo Deliberante de Posadas vivió este jueves una de sus sesiones más tensas. Tras un cuarto intermedio solicitado para que los ediles analizaran la documentación, el cuerpo aprobó por amplia mayoría la creación de una Comisión Especial de Investigación y Evaluación de Actuaciones Institucionales para analizar la conducta del concejal Jair Dib, quien ahora deberá enfrentar un proceso que podría culminar en su remoción.
La ofensiva fue impulsada por el concejal libertario Santiago Horianski, quien presentó dos expedientes: uno que crea la comisión investigadora, y el otro que pide formalmente la remoción de Dib bajo el artículo 40 de la Carta Orgánica. El pedido fue acompañado por la concejal Luciana Scromeda, quien avaló la moción para avanzar con el tratamiento sobre tablas.
Durante su exposición, el bloque opositor detalló dos causales de peso. La primera es el presunto “fraccionamiento de compras” durante la presidencia de Dib en 2025. Según las constancias presentadas, el edil dividió un mismo objeto de gasto para eludir la licitación pública y superar los montos máximos de contratación directa estipulados por ley.
La segunda acusación, y la que desató la crisis, es la presunta falsedad en su nota de licencia. Dib solicitó ausentarse por nueve días para viajar a Estados Unidos, declarando un lapso menor a los 10 días que exige el reglamento interno para incorporar a un suplente. Sin embargo, la documentación oficial de Migraciones demostró que el viaje duró 12 días (desde el 23 de septiembre hasta el 4 de octubre). Para el oficialismo, el edil evadió deliberadamente el artículo 25 del reglamento.
“Los vecinos de Posadas merecen representantes honestos, idóneos y transparentes, no funcionarios que alteran documentos públicos para aferrarse a una banca o manejan los recursos del Estado por fuera de la ley”, sentenciaron desde el bloque que impulsó la medida.
Dib calificó el proceso como una maniobra política
Mientras el resto de los concejales se reunían a puertas cerradas en la oficina de Presidencia durante el cuarto intermedio, Dib permaneció en el recinto y no tardó en reaccionar. Lejos de mostrarse defensivo, el edil calificó el proceso como una maniobra política para tapar los verdaderos problemas de la ciudad.
“Esto es una cortina de humo, claramente”, afirmó. Y desafió a sus pares: “Discutamos acá. Discutamos acá si quieren. Yo quiero discutir la Ley de Lemas, quiero discutir el transporte, SAMSA”.
En esa línea, intentó correr el eje del debate hacia los temas que considera urgentes para los vecinos, como los problemas cloacales y los descuentos bancarios a los trabajadores. También apuntó contra las ausencias de los representantes de La Libertad Avanza en las discusiones por la Ley de Lemas, lo que generó un cruce de acusaciones cruzadas.
Los próximos pasos
Con los expedientes aprobados, el proyecto de resolución que pide la remoción fue girado a la comisión investigadora. El cuerpo deberá emitir un despacho antes del 30 de noviembre. Además, se estableció que Dib sea formalmente invitado mediante un memo para que conozca las pruebas en su contra y pueda ejercer su derecho a defensa.
La sesión también quedó marcada por la tensión con los vecinos presentes en el recinto, que intervinieron en la discusión a favor y en contra del concejal. Lo que en un principio era una controversia por un viaje familiar a Disney durante el período de sesiones, terminó transformándose en un duro capítulo de la interna política del Concejo, con acusaciones de corrupción y un pedido de destitución sobre la mesa.