El Concejo Deliberante de Posadas aprobó una ordenanza que prohíbe la actividad de trapitos y limpiavidrios en la vía pública. La medida contempla denuncias durante las 24 horas, intervención de inspectores municipales y sanciones con tareas comunitarias, pero también abre la posibilidad de acceder a empleos y recibir asistencia por consumos problemáticos.
La iniciativa fue impulsada por las concejales Valeria Gómez de Oliveira y Pablo Argañaraz, quienes apuntaron a las situaciones de intimidación denunciadas por vecinos al estacionar o detenerse ante un semáforo. La prohibición alcanza el cuidado, lavado y vigilancia informal de vehículos, la reserva de espacios y el ofrecimiento de esos servicios, incluso cuando no se exija dinero.
La normativa habilita canales de denuncia presenciales, telefónicos y digitales todos los días de la semana. Ante un aviso o durante un control, los inspectores deberán informar sobre la prohibición, intimar a la persona a cesar la actividad y retirarse del lugar, con posibilidad de solicitar apoyo policial si fuera necesario.
Las infracciones podrán acreditarse mediante observaciones directas y otros elementos de prueba, como fotografías, videos, cámaras municipales y testimonios. Los agentes deberán documentar cada intervención en un acta con la fecha, la hora, el lugar y las circunstancias del hecho.
Quienes incumplan la ordenanza podrán recibir sanciones de trabajo comunitario o participación en actividades educativas, según determine el Juzgado Municipal de Faltas competente. La Secretaría de Movilidad Urbana será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la implementación de los controles previstos.
Gómez de Oliveira sostuvo que la propuesta también busca ofrecer una alternativa a quienes actualmente realizan estas tareas informales. Para ello, el Municipio podrá articular con la Oficina de Empleo y otras dependencias programas de capacitación, formación en oficios e inserción laboral.
En los casos de personas con consumos problemáticos o situaciones vinculadas con las adicciones, la ordenanza prevé facilitar el acceso a orientación, asistencia y tratamiento mediante los organismos correspondientes. La concejal afirmó que el objetivo es que quienes quieran trabajar puedan encontrar otras oportunidades y que cesen las conductas intimidatorias denunciadas.
“Muchísima gente está de acuerdo, porque realmente la gente se siente intimidada cuando estaciona”, manifestó la edil, quien también mencionó episodios conflictivos difundidos en videos y la presencia de personas llegadas desde otras localidades. Con la aprobación de la norma, el Ejecutivo municipal deberá poner en marcha los canales de denuncia, los controles y las medidas de acompañamiento laboral y social.