Vecinos de Posadas solicitaron ayuda para dos personas con discapacidad que enfrentan una orden judicial de desalojo prevista para este miércoles 4 de noviembre. Según denunciaron, una de ellas tiene discapacidad visual desde hace varios años, mientras que la otra utiliza silla de ruedas y presenta problemas de salud. La principal preocupación es que ambas se quedarían sin un lugar donde vivir, ya que, de acuerdo con el testimonio de una vecina, no cuentan con una alternativa habitacional.
La situación se registra en una propiedad ubicada sobre la calle Gorriti al 8300, donde, según el relato vecinal, los afectados residen desde hace aproximadamente 15 o 20 años. Quienes conocen el caso aseguran que las personas involucradas llevan gran parte de su vida en ese lugar y que actualmente atraviesan una situación de vulnerabilidad, por lo que solicitaron la intervención de organismos que puedan brindarles asistencia antes de que se concrete la medida.
“Son dos personas discapacitadas. Uno está en silla de ruedas y la otra persona es ciega desde hace años”, relató una vecina que se comunicó para dar a conocer lo ocurrido. En su testimonio, expresó preocupación por las condiciones en las que se encuentran ambos ocupantes y advirtió que no tendrían familiares o personas cercanas que puedan ofrecerles alojamiento en caso de que deban abandonar la vivienda.
La vecina también aseguró que los residentes cuentan con documentación vinculada a su permanencia en el inmueble y fotografías antiguas que, según explicó, permitirían demostrar cómo era la propiedad años atrás. Además, sostuvo que el conflicto surgió a partir de un reclamo sobre la vivienda por parte de un familiar de quien habría sido su propietario. Estas circunstancias forman parte del relato de los vecinos y no pudieron ser corroboradas mediante la documentación judicial consultada.
“Ahora viene el hijo del que supuestamente es el dueño, que ya falleció, y quieren sacarles la casa”, manifestó la denunciante. En ese sentido, insistió en que la preocupación de quienes conocen a los afectados no se limita al conflicto por la propiedad, sino principalmente a las dificultades que enfrentarían las dos personas con discapacidad si tuvieran que abandonar el domicilio sin contar previamente con un lugar donde instalarse.
En cuanto a la situación judicial, el procedimiento se encuentra vinculado al expediente 7164/2009, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 5 de Posadas, a cargo del juez Fernando M. A. Escalante. La causa corresponde a un interdicto de recobrar la posesión y cuenta con una sentencia firme que dispone el desalojo del inmueble. De acuerdo con una comunicación judicial fechada el 23 de septiembre, la diligencia fue programada para este miércoles 4 de noviembre a las 8 de la mañana.
La documentación también revela que una de las ocupantes, identificada como Nilda Gladis Haselsteiner, presentó mediante su defensa un pedido para suspender el procedimiento por razones humanitarias. Entre los argumentos expuestos se mencionaron su discapacidad visual, una enfermedad crónica y la necesidad de garantizar medidas de protección habitacional, sanitaria y social. Sin embargo, mediante una resolución del 1 de octubre, el juzgado rechazó el recurso presentado y mantuvo la ejecución de la sentencia.
Por otra parte, el mandamiento judicial contempla la intervención de organismos de asistencia social, profesionales del área psicológica y un equipo interdisciplinario de defensores oficiales para acompañar a las familias alcanzadas por el procedimiento. No obstante, los vecinos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que las personas afectadas deban abandonar la vivienda sin contar con una solución habitacional concreta. “Necesitamos que nos ayuden porque ellos no tienen con quién refugiarse, quién les ayude ni dónde ir”, expresó la mujer que dio a conocer la situación.
Ante la proximidad del desalojo, los vecinos hicieron un pedido de ayuda a las autoridades y organismos de asistencia para que se contemple especialmente la situación de las dos personas con discapacidad. El reclamo apunta a que puedan recibir acompañamiento y disponer de un lugar adecuado donde permanecer, teniendo en cuenta sus dificultades de movilidad y condiciones de salud. Mientras se acerca la fecha establecida por la Justicia, quienes conocen a los afectados esperan una respuesta que permita evitar que queden sin alojamiento.