Tras la denuncia por la persecución y las amenazas de muerte contra una estudiante de segundo año del Instituto Santa Catalina de Posadas, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) difundió un comunicado en el que fijó su postura frente a los episodios de violencia entre adolescentes y puso el foco en la responsabilidad de las familias. El organismo sostuvo que estas situaciones no pueden naturalizarse y remarcó que las conductas violentas deben tener consecuencias.
La intervención del SPEPM se conoce luego de que trascendiera que un grupo de aproximadamente 15 alumnas habría perseguido y hostigado a una compañera, a quien también habrían amenazado de muerte. Según el testimonio de una mujer que intervino para protegerla, la adolescente fue seguida durante unas 15 cuadras después de salir del establecimiento y esperar el colectivo.
El episodio tomó estado público a partir de una denuncia difundida en redes sociales y generó preocupación por la violencia entre estudiantes. Posteriormente, el Santa Catalina confirmó que había activado sus protocolos institucionales y adoptado medidas pedagógicas y de resguardo. También trascendió que las estudiantes señaladas habrían sido suspendidas provisoriamente, aunque esa medida no fue confirmada oficialmente por la institución.
En ese contexto, el organismo provincial expresó su “profunda preocupación” por los presuntos hechos de violencia, amenazas y hostigamiento registrados en Posadas. Además, indicó que tomó conocimiento de las actuaciones institucionales y de la intervención de las autoridades competentes, por lo que ahora buscará supervisar el alcance y la efectividad de las medidas adoptadas.
El comunicado señala que el SPEPM requerirá información documentada para verificar que las decisiones institucionales garanticen la protección de las estudiantes afectadas y la continuidad de las trayectorias escolares de los alumnos involucrados. De esta manera, el organismo también puso bajo seguimiento la respuesta que brindó el establecimiento frente a la situación.
La responsabilidad de las familias y las consecuencias de la violencia
Uno de los puntos más contundentes del pronunciamiento estuvo dirigido a los padres y responsables de los adolescentes. El SPEPM consideró indispensable fortalecer el compromiso de los representantes legales, directivos, docentes y responsables parentales en la prevención y erradicación de la violencia.
En esa línea, sostuvo que la protección de los estudiantes, la determinación de responsabilidades y la educación para la convivencia son obligaciones que deben asumir conjuntamente la escuela y la familia. El mensaje apunta a que las situaciones de hostigamiento no pueden quedar limitadas a una intervención dentro del ámbito escolar, sino que requieren también el compromiso de los adultos responsables.
El organismo también introdujo en su posicionamiento la nueva legislación penal juvenil, establecida por la Ley 27.801, y planteó que la responsabilidad de los adolescentes por sus actos debe entenderse dentro de un marco de garantías y competencias judiciales. Al respecto, aclaró que el sentido de la normativa no debe reducirse a aplicar castigos a edades más tempranas, sino también a enseñar que las conductas tienen consecuencias y que existen derechos de otras personas que deben respetarse.
“Las conductas violentas tienen consecuencias; las familias son corresponsables de la trayectoria educativa y la conducta de sus hijos/as”, remarcó el comunicado en uno de sus tramos finales, con una advertencia dirigida tanto a las instituciones educativas como a los adultos responsables.
Finalmente, el SPEPM sostuvo que las escuelas deben garantizar espacios seguros, donde los estudiantes puedan aprender sin miedo y donde las situaciones de violencia reciban respuestas concretas. También reclamó que las autoridades educativas actúen con firmeza, proporcionalidad y justicia, respetando tanto los derechos de las personas afectadas como las garantías de quienes sean señalados.
El pronunciamiento llega mientras continúa la repercusión del caso Santa Catalina y vuelve a poner en discusión el papel de las familias y las instituciones frente a los episodios de violencia adolescente. El desafío, según el organismo, será que las intervenciones no se agoten en medidas inmediatas, sino que permitan establecer responsabilidades y prevenir nuevos hechos.