El artículo 1 del decreto número 229/2017 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, dispone la desclasificación de «la totalidad de las notas, informes y resoluciones» que no habían sido alcanzados por una anterior desclasificación de documentos de esta causa, realizada en el año 2015 por la entonces presidente, Cristina de Kirchner.
Además, en el segundo artículo de la norma se dispone que el material desclasificado esté disponible para todas las querellas del caso.
Asimismo, se instruye a la Unidad Especial de Investigación del atentado a la AMIA que «intervenga en el proceso de relevamiento, digitalización y catalogación de la documentación» que se produzca en el marco de este proceso.
También se transfiere a la Unidad de Investigación del atentado un inmueble ubicado en avenida de Mayo para que se lleve adelante esta tarea de «relevamiento y digitalización de la documentación».
Por último, se explica que el gasto que demande el cumplimiento de la medida dispuesta por decreto será atendido con partidas específicas del Ministerio de Justicia.