El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, afronta una
semana clave para su futuro judicial. El jueves, el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 4 dará a conocer el veredicto en el juicio oral y público
contra el kirchnerista por el caso Ciccone.
En las últimas horas hubo varias versiones que aseguraban
que el ex vicepresidente entre 2011 y 2015 no solo sería condenado sino
inmediatamente detenido, tal como pidió la Unidad de Información Financiera
(UIF), querellante en la causa, por disposición de los jueces Pablo Bertuzzi,
Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini (este último en
calidad de juez sustituto).
El ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner ya
estuvo en la cárcel de Ezeiza entre noviembre y enero último, por orden del
juez Ariel Lijo, en una causa por presunta asociación ilícita y enriquecimiento
ilícito. Pero la Cámara Federal lo liberó.
Previamente, mañana, el tribunal dará a los acusados la
posibilidad de decir sus últimas palabras antes de la lectura de la sentencia,
con excepción de Alejandro Vandenbroele, cuya oportunidad será el mismo jueves
12. La UIF pidió seis años de prisión en contra del ex vicepresidente y la
detención inmediata.
Los acusados por Ciccone son Boudou, su socio y amigo José
María Núñez Carmona; Alejandro Vandenbroele, amigo de Núñez Carmona y junto con
él, considerado testaferros de Boudou para quedarse con la imprenta; Rafael
Resnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP; Nicolás Ciccone, exdueño de la
empresa; y Guido Forcieri, asesor de Boudou.
Según precisó ayer el diario La Nación, están acusados de
dos delitos, que abarcan la misma conducta: quedarse con Ciccone Calcográfica.
Los delitos son negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho,
es decir que Boudou se interesó para que se levantara la quiebra de la imprenta
y que se quedó con el 70% de sus acciones, como coima, por lograr salvarla.
La fiscalía pidió penas de cinco años y seis meses de
prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos,
inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y una multa de $90.000 para
Boudou. Además solicitó cinco años de prisión para Núñez Carmona; cuatro años
para Ciccone; tres años y seis meses para Resnick Brenner; tres años para
Alejandro Vandenbroele; y dos años y seis meses para Guido Forcieri. Las
querellas pidieron penas un poco más altas.
La defensa de Boudou, a cargo de Alejandro Rúa, ya dijo en
el alegato que cree que en el juicio no se probaron ninguna de las dos
acusaciones. Dice que no se probó que Vandenbroele fuera testaferro de Boudou y
que, a lo sumo, en el peor de los casos, lo que la acusación podría haber probado
es que Núñez Carmona le decía a Vandenbroele que el negocio era de Boudou, pero
esto no prueba que el ex vicepresidente haya recibido nada. Rúa cree que el
juicio se apuró y que debería haberse hecho con Ricardo Echegaray, pues la
decisión sobre la quiebra de Ciccone fue de la AFIP, no de Boudou.
Vandenbroele, que confesó en el juicio y declaró como
arrepentido ante el juez Lijo, afirmó que los financistas de Ciccone eran el
banquero Jorge Brito y Raúl Moneta y que Boudou estaba detrás de la maniobra.
La confesión en el caso de Ciccone le podría valer, según especulaciones
tribunalicias, que no vaya preso y que reciba una sentencia leve.