Aunque sean menores a los indicadores de septiembre y
octubre, el alza de la inflación del 3,2% de noviembre cayó mal, muy mal en el
Gobierno. La razón es simple: cualquier porcentaje que se ubique por encima del
3% que se pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que indexe la
“zona de no intervención” es una desviación importante. Y preocupante. Más
teniendo en cuenta que se descarta que, por razones estacionales, la inflación
de diciembre se ubicará inevitablemente por encima del 3% mensual. Y teniendo
en cuenta el dato de noviembre, podría acercarse peligrosamente al 4%.
Algo es
ya preocupante. La inflación del año no bajará del 47% y se estacionará más
cerca del 48%. Teniendo en cuenta que el incremento del Indice de Precios al
Consumidor (IPC) registrado en 2002, el peor año para la economía argentina de
los últimos tiempos, llegó al 39%; la evolución de 2018 sólo puede dejarle al
Gobierno de Mauricio Macri un aire de fracaso. Ante esto, desde el equipo
económico la mira está puesta ahora en lo que suceda en el primer trimestre de
2019, donde la meta no pública (hay orden estricta desde la Casa Rosada de
olvidarse de hacer ante la sociedad pronósticos inflacionarios), es de un alza
del IPC mensual que no supere el 2%. O que, al menos, el promedio del trimestre
no sobrepase el 6%.
No es un porcentaje caprichoso, es lo que necesita el
equipo económico para cumplir con la promesa que se le hizo al FMI para que el
organismo que dirige Christine Lagarde avale una prórroga hasta junio (término
del primer semestre) de la vigencia de la “zona”. Y que además esta tenga una
indexación mensual del 2%. Si el objetivo del período enero-marzo no se
cumpliera, las negociaciones que se deberán sostener con los enviados del FMI
serían complejas. Y la política de estabilización cambiaria también podría
ingresar en territorio de debate. Esto último es lo que menos quiere el
Gobierno para 2019 en materia de relación con el Fondo, desde donde se espera
que el desembolso trimestral de divisas para cubrir los vencimientos con los
acreedores externos se mantenga fluido.
O que, por lo menos, la cuestión
cambiaria y monetaria no forme parte de la agenda de desencuentros con el FMI.
Más teniendo en cuenta que, ante el año electoral, el Gobierno no podrá cumplir
con las promesas firmadas ante el organismo de avanzar en reformas de fondo
como las laborales y las previsionales. Ambos capítulos, se sabe, quedarán para
un eventual segundo mandato de Mauricio Macri.
Los cañones antiflacionarios del Gobierno están concentrados
ahora en cumplir el objetivo del primer trimestre de 2019. Y, en consecuencia,
continuar aplicando la “zona” en el primer semestre del próximo ejercicio. Para
el macrismo, este logro es clave. Se asegura que este esquema de estabilización
cambiaria es un argumento sólido y “vendible” como para aplicarlo en el inicio
de la campaña política que debería terminar en la reelección del Mauricio Macri
en octubre. La intención oficial es que este mecanismo se consolide y que, con
el tiempo, haga olvidar definitivamente los primeros años de gestión de la
política monetaria y especialmente la polémica intervención de Luis Caputo de
agosto pasado. Tal convencimiento oficial sobre las bondades de esta creación
de Sandleris y el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero, se trasladó
incluso a las conversaciones que Christine Lagarde mantuvo en Buenos Aires
durante su intervención en la cumbre del G-20. Se cuenta en la Casa de
Gobierno, que en el momento de conversar con Macri y el resto de los
participantes de la cumbre, la directora gerente del FMI ponderó la política de
estabilización cambiaria, y le colocó la cucarda de haberse convertido en el
mecanismo por el cual el sistema financiero local volvió a confiar en la
política monetaria del Gobierno de Mauricio Macri.
La bendición cobra un valor
agregado al mencionar que Lagarde no estaba convencida del mecanismo y, durante
las negociaciones de septiembre pasado, elegía una estrategia de liberación del
tipo de cambio hasta que este encuentre su propio punto de equilibrio. Ahora,
en los hechos, la exministra de Economía de Francia aparece como una defensora
de la “zona”. Al menos hasta ahora. Y siempre y cuando se respete su máxima de
no utilizar, bajo ningún punto de vista, dinero del FMI para intentar aplastar
corridas. Recuerda siempre Lagarde que esa es una de las máximas que en su
momento el board del FMI le dio para aprobar en septiembre pasado el acuerdo
2.0 con la Argentina.
Desde enero, y respetando la indexación del 2% mensual, el
diseño de las bandas según el criterio del BCRA es que el esquema de ajuste
diario comienza con la cotización al 31 de diciembre de $37,117 para el piso y
de 48,034 pesos para el techo. Al 31 de enero, la actualización llevará a un
mínimo de $38,86 y un máximo de $48,99. Al 28 de febrero los montos serán
$39,63 y $49,96 , mientras que el cierre de las bandas al 31 de marzo (el
último día hábil será el 29) será de $40,42 y $50,95 pesos de cierre. Todo este
tiempo servirá en paralelo para que el BCRA vaya monitoreando las otras dos
variables clave de la política monetaria y cambiaria: la evolución de la
inflación mes a mes y, en consecuencia, la política diaria de tasas de interés
de Leliq.
En este último punto, desde el ala política del macrismo todo es
expectativas positivas y entusiasmo en que en el primer trimestre las tasa
lleguen al 40%. En la entidad sólo hay prudencia y defensa a rajatabla del
“paso a paso”.