En la actualidad la Argentina no cuenta con un plexo
normativo en materia penal especializado en jóvenes, lo que implica una
violación de derechos humanos y un incumplimiento de los estándares
internacionales a los que el Estado se ha obligado al momento de suscribir
tratados sobre el tema. Hasta ahora, los delitos cometidos por menores de edad
tienen un tratamiento establecido por una ley de la última dictadura militar
que les da a los jueces un margen de discrecionalidad en cuanto al destino de
los jóvenes que delinquen sin ningún tipo de control.
Con la normativa actual, cuando un menor comete un delito y
es detenido, los magistrados lo pueden liberar sin ningún tipo de seguimiento o
encerrarlos en un instituto alegando razones de peligrosidad sin ningún tipo de
control, proceso judicial ni condena. La ley vigente -sancionada durante la
última dictadura militar- no prevé ningún tipo de solución para los menores de
16 años que cometen delito, que son inimputables, y en la mayoría de los casos
son enviados a su casa sin ningún tipo de control o intervención estatal que
evite que vuelva a delinquir.
En la presentación del anteproyecto de ley de Régimen Penal
Juvenil el ministro Garavano señaló que «se tuvieron en cuenta los 95
anteproyectos de todo el espectro político, de los últimos veinte años, las
leyes provinciales, y los regímenes penales juveniles de Latinoamérica, España
y Alemania». Y agregó: «Es un
proyecto que aborda todos los planos, que atiende a la situación de jóvenes
imputables e inimputables. Con una mirada puesta en la información empírica y
estudios presupuestarios, su implementación será progresiva».
Por su parte, la ministra Bullrich remarcó que «el
concepto general de este proyecto es que haya menos delincuentes y no más
presos. Queremos impedir que los jóvenes tengan como opción de vida una carrera
delictiva».
La iniciativa, que será presentada en el Congreso de la
Nación en marzo, es el resultado de casi tres años de trabajo de la Comisión
Redactora presidida por Ricardo Gil Lavedra y recibió el aporte de más de 3.000
participantes del programa Justicia 2020, entre ellos, expertos de todo el
país. «Se logró un texto que respeta los estándares de la Convención de
los Derechos del Niño, con un tratamiento tendiente a la recuperación de los
jóvenes. Un proyecto flexible con múltiples salidas: principio de oportunidad,
mediación, suspensión de juicio a prueba, acuerdos restaurativos, con un
sistema gradual de imposición de sanciones y revisión de la pena cada ocho
meses por el juez», remarcó Gil Lavedra durante el acto realizado en la
sede de la cartera de Justicia.
El proyecto tiene cuatro ejes fundamentales: contar con una
justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva
multidisciplinaria y restaurativa, fomentar en el niño o el adolescente el
sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar la integración social de
los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.
Durante la presentación, el subsecretario de Justicia y
Política Criminal, Juan José Benitez, explicó que «cada joven tendrá un
equipo interdisciplinario de tres profesionales, uno de ellos será su
supervisor, y sólo supervisara hasta 24 jóvenes cada profesional. Se hará un
seguimiento personal de cada joven, y en base a su historia se preparará el
plan individual».
El proyecto prevé un sistema de escalas que establece que se
es penalmente responsable desde los 15 años de edad, si se comete un delito
cuya pena máxima es de 15 años o más de prisión (violación, secuestro
extorsivo, homicidio, lesiones gravísimas y robo con arma de fuego).
En el caso de los jóvenes de entre 16 y 18 años, serán
responsables si cometen un delito cuya pena máxima sea de por lo menos dos
años. El nuevo sistema prohíbe la privación de la libertad de cualquier persona
menor de 15 años.