El salario mínimo, vital y móvil, que desde junio es de
$45.540 y que el mes que viene llegará a $47.850, tiene impacto directo sobre
pocos trabajadores formales (se calcula que no más de 300 mil) pero su mayor
incidencia es sobre el valor de los planes sociales. El denominado “salario
social complementario” que remunera la mayoría de esas prestaciones equivale a
la mitad del piso formal de sueldos. El mínimo también influye sobre otras
contrataciones en el mercado registrado e históricamente se lo consideró como
una guía para la fijación de los salarios de los trabajadores informales.
Anoche en el equipo del ministro Claudio Moroni confirmaron
que el mes que viene se reeditará la discusión aunque sin una fecha definida
aún. Sólo dijeron que se hará en la segunda mitad del mes. Y que será acordado
con la ministra de Economía, Silvina Batakis. Al momento de esa respuesta la
funcionaria volvía de Estados Unidos en medio de versiones sobre su posible
reemplazo por parte de Sergio Massa.
En paralelo en Trabajo reconocieron que todavía no se
estableció si el criterio a impulsar para el debate será un mero acompañamiento
de la dinámica inflacionaria o bien, como reclamó en varias oportunidades el
sector kirchnerista del Frente de Todos y sobre todo, las organizaciones
sociales, se utilizará al salario mínimo como palanca para estimular las paritarias
y mejorar de una vez los ingresos de los más vulnerables cubiertos por
programas de asistencia de modo tal de recomponerles en parte la pérdida de
poder adquisitivo de este año.
Desde el gobierno de Néstor Kirchner el Consejo del Salario
se reúne una vez finalizada la ronda anual de paritarias para acoplarse al
promedio de aumentos surgido de aquellas negociaciones. Desde la asunción de
Alberto Fernández hubo casi unanimidad entre los 32 representantes obreros y
patronales: participan las principales cámaras empresarias, la CGT y las CTA de
los Trabajadores y Autónoma. En 2021 y este año demandó dos convocatorias a lo
largo de cada período para adecuar los montos acordados a la dinámica
inflacionaria.
En marzo pasado se pactó 45% en cuatro tramos y dos meses
después, una vez que Máximo Kirchner anunció la presentación de un proyecto de
ley para adelantar las cuotas, el propio Ejecutivo apuró esos pagos frente a
una expectativa inflacionaria que oscilaba el 60 por ciento. Los últimos
relevamientos que analiza el Banco Central ya sitúan el alza de precios de este
año por encima del 70 por ciento.