El Senado sancionó una nueva Ley de Financiamiento Universitario con amplio respaldo opositor y de senadores provinciales. Acompañaron la iniciativa los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de todo el bloque de Unión por la Patria, once legisladores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y representantes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.
El debate recordó lo ocurrido en septiembre de 2024, cuando el Congreso aprobó una norma similar que fue vetada un mes después por Javier Milei bajo el argumento de que implicaba un “impacto fiscal insostenible”. El presidente ya anticipó que volverá a rechazar la nueva ley, lo que abriría un escenario complejo: para insistir y convertirla en vigente, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor al del año pasado.
La norma establece que, desde enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). También garantiza la asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión. En materia salarial, prevé una recomposición para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción, nunca por debajo del IPC, incorporando al básico las sumas no remunerativas.
El régimen incluye además la actualización de becas como Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, que se ajustarán por inflación y crecerán de manera progresiva según la matrícula. Contempla una partida específica para el ingreso a la carrera de investigador y suma mayores controles institucionales mediante auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyos informes deberán remitirse al Congreso.
La aprobación de la ley ocurre en un contexto marcado por la caída real del presupuesto universitario del 46,7%, la paralización de obras de infraestructura y una pérdida salarial docente estimada en el 30%. La presión social crece en un sistema que reúne a dos millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.
La discusión expone, una vez más, el choque de modelos entre un oficialismo que prioriza el equilibrio fiscal con recortes y un Congreso que impulsa el financiamiento universitario como política estratégica de desarrollo social y económico a largo plazo.