Aborto legal: El Gobierno finalmente no enviaría este año el proyecto al Congreso

10 de agosto de 2020

El proyecto fue una de las principales promesas de campaña de Alberto
Fernández, que cobró fuerza el 1° de marzo pasado cuando, en la
apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa, el Presidente confirmó
que lo enviaría “en los próximos 10 días” para ser tratado en el
Parlamento.


A mediados de año, fuentes del Gobierno confirmaron que el proyecto
ya estaba listo y aseguraron que sería presentado pese a la pandemia y
desde la Campaña Nacional confiaban en que antes de que termine el 2020,
el Congreso trataría la norma.


No obstante, Santiago Cafiero confirmó este lunes que si bien “la
voluntad y la vocación del Gobierno siempre fue clara con respecto al
aborto, buscamos que eso sea en el marco de un debate público”. “Si no
hubiéramos tenido pandemia se iba a debatir este año”, aseguró el jefe
de ministros.


El 8 de agosto se cumplieron dos años del rechazo del Senado al
proyecto que ya tenía media sanción en Diputados. Este año, el Gobierno
tenía la posibilidad de enviar uno nuevo, pero finalmente ya se descarta
que suceda. Según Alberto Fernández, el aborto es “un problema de salud
pública”, pero quedó fuera de agenda.


El Gobierno tenía pensado que, una vez presentada la norma, Ginés
González García y Carla Vizotti visiten las comisiones en el Congreso y
se abran debates en las provincias. Pero las prioridades del Ejecutivo
cambiaron. Todo el equipo está abocado a que el sistema sanitario no
colapse en medio del creciente número de contagios de Covid-19 y a cómo
reactivar la economía.


La cancelación del envío del proyecto se conoció el mismo día que el
Presidente anunció políticas para el desarrollo de la Obra Pública con
perspectiva de género.


Para la comunidad científica internacional, por cada aborto que se
interna, en los países donde el aborto está penalizado, existen diez más
que se han hecho, pero que no se complicaron. Si se tiene en cuenta que
en la Argentina existen alrededor de 60 mil internaciones en hospitales
públicos por abortos inseguros, más de medio millón de mujeres (muchas
de ellas adolescentes, a veces niñas) interrumpen su embarazo cada año
en la clandestinidad.