El concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Posadas, Pablo Argañaraz, cuestionó con dureza el funcionamiento del transporte público de pasajeros durante la última sesión del Concejo Deliberante y puso el foco en los recursos que, según planteó, se destinaban al sistema sin traducirse en una mejora para los usuarios.
En su intervención, el edil apuntó contra el esquema empresarial que opera el servicio y planteó interrogantes sobre el destino de las inversiones vinculadas al sector. Sus declaraciones se produjeron en medio de los reclamos recurrentes de los pasajeros por el costo del boleto y las condiciones del transporte urbano.
“Le vamos a dar 100 palos verdes a Don Casimiro. Como mínimo quiero saber por qué vale 100 palos verdes”, sostuvo Argañaraz al referirse al valor de la empresa y a los recursos involucrados en la actividad.
El concejal hizo extensivo el cuestionamiento a las inversiones que, según señaló, realizaron grupos empresarios vinculados al transporte fuera de Misiones. En ese sentido, mencionó la adquisición de líneas en Buenos Aires, operaciones en Chile y la compra de viñedos en Mendoza.
“Se gastan 100 palos verdes en comprar líneas en Buenos Aires. Se gastan 100 palos verdes en comprar líneas en Chile. Se gastan 100 palos verdes en comprar viñedos en Mendoza”, enumeró durante su exposición.
A partir de esas referencias, Argañaraz planteó cuál debería ser, a su criterio, el destino de una inversión de esa magnitud dentro del sistema misionero. “¿Y cuándo van a gastar los 100 palos verdes en reinvertir en un buen servicio de transporte?”, preguntó ante sus pares.
El dirigente de LLA también cuestionó la estructura de costos que se utiliza para justificar el precio del pasaje. Según ejemplificó, la empresa sostiene que cada viaje tiene un costo de alrededor de 5.000 pesos, mientras que el usuario abona una parte y el resto es cubierto mediante recursos públicos.
“La empresa te dice que el costo de pasaje es 5.000 pesos. El usuario pone 1.500 pesos. El otro 3.500 pesos lo ponemos todos”, afirmó el concejal.
En esa línea, Argañaraz sostuvo que el financiamiento estatal debía ser analizado en relación con la calidad del servicio recibido por los pasajeros. También vinculó esos recursos con los impuestos que pagan los habitantes de la provincia.
“Lo ponemos todos. Con los impuestos de los misioneros”, remarcó durante su intervención, al cuestionar el esquema de subsidios destinado a sostener el transporte urbano.
El planteo apuntó además a la necesidad de modificar el modelo de prestación vigente en Posadas. Para Argañaraz, una mayor cantidad de operadores podría generar condiciones diferentes para los usuarios y obligar a las compañías a mejorar sus servicios.
En ese sentido, propuso avanzar hacia un sistema con mayor competencia dentro de la capital provincial. Su planteo contempló la participación de distintas firmas en las líneas que actualmente conforman la red de transporte urbano.
“Tenemos que lograr que haya 10 líneas con 10 empresas distintas, compitiendo en la ciudad de Posadas, de manera libre, para que el servicio sea lo que todos los posadeños merecen”, manifestó.
Las declaraciones volvieron a instalar en el recinto el debate sobre el modelo de transporte público de la capital misionera, un servicio que concentra recursos provenientes de los pasajeros y del Estado.
El cuestionamiento también alcanzó al grupo Zbikoski y a San José, empresas vinculadas a la explotación del transporte público en la provincia y que forman parte de las discusiones políticas sobre la prestación del servicio. La opinión pública suele asociar a esas firmas con el esquema empresario que concentra buena parte de la operación, aunque cualquier afirmación sobre relaciones societarias específicas requiere documentación que las respalde.
La intervención de Argañaraz dejó planteada así una discusión que excedió el valor del boleto: cuánto dinero mueve el sistema, quiénes reciben esos recursos y cuánto de ese financiamiento termina convertido en mejores frecuencias, unidades y condiciones para los pasajeros.
Para el concejal libertario, la respuesta debería pasar por una mayor competencia y por exigir que las inversiones se reflejen en el servicio cotidiano. El debate quedó abierto en el Concejo Deliberante de Posadas, mientras el transporte público continuó siendo uno de los principales reclamos de los usuarios.