La intendente interina Norma Gularte detectó en apenas 30 días graves irregularidades en el municipio, incluyendo el uso de combustible para vehículos particulares, familiares que cobraban sin trabajar y medicamentos vencidos, en el marco de la investigación por abuso sexual que pesa sobre el intendente titular Mario Peyer.
Gularte asumió la conducción del municipio tras la licencia de Peyer, quien se encuentra apartado del cargo desde hace casi un mes luego de ser denunciado penalmente por abuso sexual. Durante este período, la funcionaria impulsó una auditoría interna que dejó al descubierto múltiples irregularidades en el manejo de los fondos públicos. Este miércoles, Peyer deberá prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Puerto Rico, mientras que mañana vence el plazo de la licencia que lo separó temporalmente de sus funciones.
La revisión interna reveló que el 38% del combustible adquirido por el municipio se destinaba a un automóvil particular del intendente Peyer, mientras que otro 27% era utilizado por un camión perteneciente a un familiar directo. Solo el 35% restante quedaba disponible para la ambulancia y el resto de los vehículos municipales. Estos números fueron remitidos a la fiscalía de Puerto Rico para su investigación.
Además, Gularte identificó que unas 20 personas no se presentaron a trabajar, al menos cinco de ellas con vínculos familiares directos con el intendente suspendido. Los salarios de ese grupo rondaban los 900 mil pesos mensuales. Al dejar de pagar esos sueldos, el Municipio pudo redirigir fondos para obras públicas, como la colocación de veredas en más de 1.200 metros sobre la ruta de acceso a la localidad. También se hallaron cajas con medicamentos vencidos que no habrían sido entregados a la población, un punto que continúa bajo investigación.
Durante el proceso de auditoría surgieron trabas en el acceso a la información financiera. El equipo de Gularte no pudo acceder a los archivos contables porque la contadora municipal y la jefa de personal no facilitaron las claves de ingreso al sistema, situación que fue incluida en la denuncia formal ante la justicia local. La transición también estuvo marcada por cambios en el gabinete: fueron removidos el tesorero, la jefa de personal, la directora de acción social y el director de obras públicas.
Gularte subrayó que la administración interina aguardará la decisión de la Justicia y de Peyer, respetando los procedimientos legales. En caso de que el acusado decida retomar sus funciones, la intendente interina volverá a su banca en el Concejo Deliberante y exigirá explicaciones por las irregularidades observadas. El proceso judicial y la investigación administrativa avanzan en paralelo, mientras la comunidad de Caraguatay sigue de cerca los acontecimientos.