Apenas tres días después de la audiencia pública en Posadas, se oficializó un nuevo incremento del precio transporte en el área metropolitana. La Resolución N.º 001/2026, publicada en el Boletín Oficial, activó un cuadro tarifario más alto para líneas urbanas e interurbanas. La proximidad entre la instancia participativa y la decisión administrativa refuerza la idea de que la suba ya estaba resuelta antes de escuchar a los usuarios.
La velocidad del trámite dejó sabor a formalidad vacía. Vecinos y pasajeras expusieron reclamos, propuestas y objeciones, pero el ajuste se aplicó sin indicios de que esas intervenciones hayan modificado el rumbo. Para muchos asistentes, la convocatoria terminó siendo un gesto protocolar, sin incidencia real sobre un esquema que parecía cerrado. Rige desde este sábado 10 de enero.
Desde enero, viajar con tarjeta SUBE, SUBÍ o QR estático cuesta $1.365 en Posadas, $1.456 en Garupá y $1.456 en Candelaria. En los recorridos interurbanos, los valores quedaron fijados en $1.774 para Posadas–Garupá, $2.073 para Posadas–Candelaria y $1.774 para Candelaria–Garupá. Son los montos “bonificados” por el uso de medios electrónicos.
El golpe es mayor para quienes pagan en efectivo. Sin sistema digital, el pasaje urbano trepó a $1.800 en la capital provincial y a $2.000 en Garupá y Candelaria. En los trayectos entre municipios, las cifras ascienden a $2.500 entre Posadas y Garupá, $2.700 entre Posadas y Candelaria y $2.500 entre Candelaria y Garupá.
A las críticas por el momento elegido se suma la falta de información pública. No se difundieron balances, auditorías ni estudios de costos que permitan conocer cuánto facturan las compañías, qué márgenes obtienen o cómo se compone realmente la ecuación económica del sistema. Sin números abiertos, los argumentos oficiales quedan en el plano de las declaraciones.
Así, el transporte metropolitano inicia 2026 con boletos más caros y con un clima de desconfianza creciente. El impacto recae de lleno sobre trabajadores, estudiantes y familias, mientras persisten los interrogantes sobre la transparencia, los beneficios empresariales y un procedimiento que, para muchos usuarios, confirmó que la decisión ya estaba tomada antes de sentarse a escuchar.