La investigación judicial por la denuncia de presunto abuso sexual contra el intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, sumó nuevas medidas en las últimas horas. En el marco de la causa, la Justicia ordenó allanamientos en distintos lugares vinculados al jefe comunal y secuestró dispositivos electrónicos que serán analizados por especialistas.
Los procedimientos se realizaron en el edificio de la Municipalidad de Caraguatay, en la vivienda particular del funcionario y también en un vehículo oficial que utiliza habitualmente. En esos operativos, los investigadores incautaron un teléfono celular y una computadora que podrían contener información relevante para la causa.
Las medidas fueron dispuestas por el juez de Instrucción de Puerto Rico, Leonardo Manuel Balanda Gómez, luego de que la mujer denunciante se presentara ante el juzgado para ratificar la denuncia original y ampliar su declaración respecto de los hechos que atribuye al jefe comunal.
Los elementos secuestrados serán enviados a la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC), área del Poder Judicial especializada en análisis de evidencia digital y en el tratamiento técnico de material utilizado en investigaciones de mayor complejidad.
La causa se inició el 25 de febrero a partir de una denuncia presentada por una mujer de 31 años que trabaja en el ámbito del Concejo Deliberante de Caraguatay. Según su testimonio, las situaciones de acoso habrían comenzado a mediados de 2025.
De acuerdo con lo declarado, uno de los primeros episodios habría ocurrido el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente la habría convocado a su despacho para abordar cuestiones vinculadas a su situación laboral.
En su ampliación testimonial también mencionó un hecho que considera más grave y que, según su relato, habría tenido lugar el 4 de septiembre de 2025 dentro de una oficina del Concejo Deliberante. Allí, en el marco de una conversación, se habría producido un forcejeo que derivó en un presunto abuso sexual.
Tras la ratificación de la denuncia, el magistrado dispuso además una restricción de acercamiento que impide al intendente mantener contacto con la denunciante por cualquier medio, ya sea personal, telefónico o a través de redes.
En paralelo, la mujer realizó una nueva presentación judicial en la que denunció presuntas amenazas. Según indicó, el funcionario habría pasado frente a su vivienda a bordo de un vehículo y habría realizado un gesto intimidante dirigido hacia ella.
Por el momento, Peyer continúa en libertad mientras avanza la investigación. Para los próximos días está previsto que la Justicia tome declaraciones testimoniales a personas del entorno laboral tanto de la denunciante como del jefe comunal, con el objetivo de determinar si existieron situaciones que puedan aportar información a la causa.
Además, el juez deberá informar sobre el avance del expediente al Concejo Deliberante de Caraguatay, ya que el intendente cuenta con inmunidad de arresto mientras se mantenga en el cargo. En ese contexto, el cuerpo legislativo local podría intervenir en relación con los fueros del funcionario si así lo requiere la Justicia.