A comienzos de enero, el intendente Leonardo Stelatto aseguraba que era preferible reducir frecuencias antes que trasladar un aumento al boleto. Sin embargo, apenas días después de la audiencia pública, se oficializó un nuevo tarifazo en el transporte del área metropolitana. Desde el sábado 10 de enero, viajar cuesta $1.365 en Posadas, $1.456 en Garupá y Candelaria con tarjeta, y hasta $2.000 en efectivo. Lejos de mejorar, el servicio no solo no incrementó recorridos, sino que en muchos casos profundizó los recortes.
La contradicción es evidente. El pasaje subió y, al mismo tiempo, los usuarios se encontraron con menos colectivos en la calle. Ramales que dejaron de circular, otros que achicaron aún más sus salidas y líneas que, incluso en días hábiles, operan como si fuera un feriado. No se trata de la clásica baja de verano de los sábados. Hoy, un martes o un jueves pueden implicar horas de espera bajo el sol y unidades que pasan repletas.
En paradas y redes sociales, el malestar crece. “Si esto sigue así, los colectivos se van a terminar fundiendo solos”, repite una vecina de Itaembé Guazú. Otro usuario fue más directo: “Que Marcelo Zbikoski vaya pensando dónde va a meter su monopolio, porque la gente está dejando el bondi”. Un estudiante universitario sumó: “Entre esperar una hora o juntarnos cuatro para un Uber, cada vez más elegimos lo segundo”. Y una comerciante del oeste posadeño fue más allá: “Stelatto también tendría que prepararse, esto le va a caer encima a él y a todos los renovadores, porque parece que no les importa la gente”.
Ese desplazamiento ya se nota. Cada vez más pasajeros optan por aplicaciones de viajes, otros se vuelcan a las motos por ser más económicas y rápidas, y hay grupos que se organizan para dividir un auto. El transporte público, lejos de ser una opción central, empieza a convertirse en un recurso de última instancia. Cuando el sistema pierde usuarios, no se fortalece. Entra en un círculo donde menos pasajeros justifican menos frecuencias, y menos frecuencias empujan a más personas a abandonarlo.
El boletazo no llegó acompañado de datos abiertos, balances claros ni auditorías que expliquen por qué era inevitable tocar el bolsillo. Lo que sí apareció fue una resolución exprés y un cuadro tarifario más pesado. A la par, las paradas siguen llenas y las esperas se estiran. La promesa de no aumentar quedó en el archivo. La reducción de servicios, en la calle.
Mientras se anuncian obras a mediano plazo, la cotidianeidad es otra. Hoy, miles de posadeños, garupaenses y candelarienses pagan más por un transporte que pasa menos. Y en ese desfasaje entre discurso y realidad se va erosionando algo más que un cronograma. Se pierde confianza. Cuando eso ocurre, recuperarla cuesta mucho más que cualquier ajuste.
A esta combinación se le suma otro dato que en los barrios se comenta cada vez más: el colectivo dejó de ser competitivo. No solo por el precio, sino por el tiempo. Viajes eternos, trasbordos forzados, demoras sin explicación y unidades que no alcanzan. En una ciudad que creció hacia la zona oeste, el sistema parece achicarse. El resultado es simple: quien puede, se va. Quien no, espera.
Si la tendencia se profundiza, el escenario que hoy algunos advierten como exagerado puede volverse real. Menos pasajeros, más tarifas, peores servicios. Un esquema que se encierra sobre sí mismo y empuja al transporte público a un desgaste cada vez mayor. En ese camino, no solo se resiente un negocio. Se deteriora un derecho básico y se expone una gestión que dijo una cosa e hizo exactamente lo contrario.