El jurado popular absolvió a los dos funcionarios acusados de haber impedido que Pablo Musse ingresara a Córdoba para despedirse de su hija Solange, quien falleció en agosto de 2020 en Alta Gracia a causa de un cáncer de mama en etapa terminal.
Los acusados, José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó y referente del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) local, y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto, llegaron al debate en libertad y fueron absueltos de los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Solange murió el 21 de agosto de 2020 a los 35 años. Tras el veredicto, su padre expresó: “Siento bronca y odio, lo mismo que sentí cuando no me dejaron ver a mi hija. Seguimos sin justicia. En la Argentina nunca la hubo, menos ahora”. Pablo Musse adelantó que apelará la decisión.
El caso conmovió al país porque ocurrió durante la cuarentena por COVID-19. Pablo viajó desde Plottier, Neuquén, hasta Córdoba para acompañar a su hija en sus últimos días, pero a pesar de contar con los permisos de circulación vigentes, fue detenido en un control sanitario en Huinca Renancó y obligado a regresar escoltado por patrulleros.
Los funcionarios aplicaron estrictamente el protocolo que exigía un PCR negativo. A Musse se le realizaron tests rápidos que luego resultaron falsos positivos, pero aun así no se le permitió ingresar. Solange falleció cinco días después sin poder abrazar a su padre por última vez.
Días antes de morir, Solange escribió una carta donde afirmaba: “Hasta el último día tengo mis derechos”. La carta se viralizó y generó una ola de indignación en todo el país, dejando una profunda huella en la sociedad y en la discusión sobre derechos y protocolos durante la pandemia.