La última declaración cumplimentada fue la de 2020 en el 2021 y fue esa precisamente la cruzada con los demás integrantes del Senado por tres especialistas en datos e información.
Según los investigadores en las presentaciones consignan los inmuebles a valor fiscal, como se los informan ante la AFIP, una cifra que está varias veces por debajo del valor de mercado. “En la práctica, la normativa impide que se conozca la verdadera riqueza de los representantes de las provincias. Por otro lado, excepto que haya una denuncia puntual, la OA no realiza un control sobre el detalle de lo consignado en las declaraciones juradas de los legisladores, ya que sólo tiene atribuciones para realizar esa tarea con los miembros del Poder Ejecutivo”, aclararon los autores.
En el caso de Maurice Closs, destacaron que a finales de 2019 “había declarado $784 millones, pero si se considera la inflación anual del 36,1% registrada en 2020, el aumento real de su patrimonio en el año fue del 7%”.