Tras la pícara votación en Diputados de noviembre de 2017
para la paridad en listas electorales, el debate sobre ocupación de cargos o
candidaturas por género ahora direccionó la lupa hacia el Poder Judicial e
intentará ser definido en el Poder Legislativo, donde existen aceitados lazos
entre ambos que generarán, con seguridad, una trifulca con corte transversal en
casi todos los bloques. Ayer, la líder de la Coalición Cívica y miembro
fundacional de Cambiemos, Elisa Carrió, reflotó un proyecto de 1999 que plantea
un cupo mínimo en la Corte Suprema y tribunales colegiados.
“Todavía persiste la discriminación contra las mujeres en
las esferas civiles, políticas, educativas, laborales, económicas, sociales y
culturales. El Poder Judicial no es la excepción”, señaló Carrió en los
fundamentos de la iniciativa que, según sus allegados, fue presentada ayer en
la mesa de entradas de la Cámara baja. La diputada agregó: “Considerando que el
23 de noviembre de 2017 fue sancionada la Ley de Paridad de Género en Ámbitos
de Representación Política -Ley Nº 27.412-, entendemos que hoy resulta
imprescindible avanzar con normas específicas respecto de la integración del
Poder Judicial, sobre todo respecto de los cargos de mayor jerarquía”.
Según Carrió, “la perspectiva de género que las mujeres
juezas puedan imprimir en la resolución de cada caso, al integrar los
tribunales superiores de nuestra Justicia, sin dudas colaborará a lograr
progresivamente la igualdad de género en todos los ámbitos referidos”, y
destacó: “Este proyecto viene también a ofrecer una solución progresiva a la
palmaria discriminación que aún hoy existe respecto de las mujeres de nuestro
país que concursan para ejercer la magistratura, sobre todo para los cargos de
mayor rango; lo que es fiel reflejo de la problemática denominada ‘techo de
cristal’”.
En concreto, el texto establece que “la Corte Suprema de
Justicia de la Nación estará compuesta por cinco jueces, de los cuales al menos
dos deben ser mujeres”. Además, plantea que ante recusaciones o excusaciones
-Decreto ley 1285/58-, “la Corte Suprema de Justicia de la Nación se integrará,
hasta el número legal para fallar, con al menos un tercio de las mujeres”.
Por otra parte, ese mismo tercio será utilizado -así dice el
texto- para los casos de integraciones en “la Cámara Federal de Casación Penal;
la Cámara Nacional de Casación Penal, los tribunales federales de juicio y la
Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; los tribunales nacionales de juicio y la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Penal; y los tribunales federales de juicio en lo penal económico y la
Cámara Federal en lo Penal Económico”; las “cámaras nacionales de apelaciones
en lo civil y comercial federal, en lo contencioso administrativo federal y federal
de la seguridad social de la Capital Federal”; y para “las cámaras nacionales
de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital
Federal”.
En cuanto a futuras ternas, el artículo cuarto deja claro
que “en el caso que del orden de prelación no surja ninguna candidata mujer en
los primeros tres lugares, quedará tercera en el orden de prelación la
candidata mujer que haya obtenido el orden más elevado en la lista de prelación
que conforma la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial”. En
tanto, el siguiente artículo resalta que “las vacantes que se produzcan a
partir de la vigencia de la presente ley, en la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y en cualquier otro tribunal colegiado de los tribunales nacionales o
federales” deberán “ser cubiertas por mujeres hasta tanto se cumpla en cada
uno, con el cupo femenino dispuesto, en miras de promover la igualdad de género
en el Poder Judicial”. Para lograr ese objetivo, “las ternas deberán ser
integradas por las tres primeras mujeres de la lista de prelación que conforma
la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial”.
Carrió utilizó como argumentación de la iniciativa los datos
de la Oficina de la Mujer “creada en 2009 a raíz de un proyecto impulsado por
la Doctora Carmen Argibay, la primera mujer en ser nombrada por un Gobierno
democrático para integrar el más alto tribunal de Justicia de Argentina; y una
persona fundamental para que la perspectiva de género fuese incorporada al
Poder Judicial”.
Esa oficina, cuenta la diputada, elabora desde 2010 un “Mapa
de Género de la Justicia Argentina”. En esa línea, Carrió manifestó: “De
acuerdo con el último informe publicado, sobre el total de integrantes del
Sistema de Justicia del año 2017, el porcentaje de mujeres es el siguiente:
ministras/os, procurador/a general, defensor/a general, 28%; magistradas/ os,
fiscales/defensoras/es, 44%; funcionarias/os, 61%; personal administrativo,
61%. De lo que surge que el 72% de los cargos superiores están en cabeza de los
varones, así como el 56% de los cargos totales de jueces, fiscales y
defensores”.
La legisladora retoma el concepto de “techo de cristal” al
resaltar que este “refleja la segregación vertical que se manifiesta en una
baja participación de mujeres en estos puestos, cuando como contrapartida las
mujeres son la mayoría en número (65.630 por sobre 51.034 a 2017) y claramente,
no se trata de una cuestión de idoneidad”. De allí la explicación de Carrió
para descartar la discusión de mérito que se dio en otras batallas
parlamentarias durante las últimas décadas.
Sin perder el tiempo, la diputada bonarense Maricel
Etchecoin y el legislador porteño Maximiliano Ferraro adelantaron réplicas de
la normativa en los territorios de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez
Larreta, quienes ya cuentan con paridad de listas electorales. Allí también se
gatillará una fuerte puja.