Se trata de la investigación judicial en la que la exvicepresidenta quedó involucrada por el presunto direccionamiento del 80% de la obra pública vial nacional en Santa Cruz, favoreciendo al condenado Lázaro Báez, entre 2003 y 2015. De este modo, el Tribunal Oral Federal 2 comenzó a analizar esta “maniobra” de integrantes “de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional” para asegurarse un “beneficio económico”, según indica la acusación fiscal, y por la que Fernández de Kirchner fue inhabilitada para ejercer cargos públicos de manera perpetua.
La decisión final estará a cargo de los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
El caso en cuestión inició en 2019, con el juicio por direccionamiento contra Báez, dueño de Austral Construcciones, atravesó la pandemia de Covid-19, se suspendió por cuatro meses y se retomó con un formato semi virtual (duró 3 años, registra 117 audiencias y se presentaron 114 testigos).
La sentencia se confirmó, de manera unánime, gracias a los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, respecto del delito de “administración fraudulenta” agravada por ser en perjuicio de la administración pública. Además de la exjefa de Estado, fueron condenados Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, y el ex secretario de Obra Pública, José López.
Sin embargo, la pena de seis años de prisión podría duplicarse si se confirma la otra figura penal que impulsaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, la asociación ilícita.