La decisión del gobierno de Javier Milei de quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner tras la ratificación de una condena por corrupción en segunda instancia -como también la pensión que recibía por el mandato de Néstor Kirchner- no deja de generar nuevos capítulos.
Ahora, la expresidenta fue nuevamente denunciada, esta vez por defraudación contra la administración pública, por el suplemento adicional de 6 millones de pesos mensuales que Kirchner cobraba por haber radicado su domicilio en Río Gallegos.
La presentación judicial de este lunes la hizo la Fundación Apolo que, en conjunto con la legisladora porteña Graciela Ocaña, fueron quienes pusieron en foco los beneficios jubilatorios de la actual presidenta del Partido Justicialista.
En la denuncia, presentada en nombre de la ONG por el también legislador porteño Yamil Santoro y los abogados José Magioncalda e Ignacio Falcón, se fundamenta que los beneficios previsionales que la exmandataria habría percibido fueron de manera indebida al declarar su domicilio en la capital de Santa Cruz, pese a residir habitualmente en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires.
Y en ese sentido, los denunciantes piden “las medidas necesarias para restituir a las arcas públicas el producido de las conductas delictivas” y también investigar a los funcionarios de ANSeS que le otorgaron ese suplemento de «zona austral» a Kirchner, un dato revelado por el actual director del organismo, Mariano de los Heros, recién luego de que el Gobierno decidiera cortar el pago de las jubilaciones de privilegio por la condena en la causa Vialidad, que la expresidenta cuestiona en Tribunales.
La nueva denuncia también pone el foco sobre la ANSeS y sostiene que «funcionarios que habrían permitido el otorgamiento de dicho suplemento […] por su posible responsabilidad en la administración de estos recursos públicos y acusados de malversación de caudales públicos”, de acuerdo a un comunicado emitido por Apolo.
Desde la ONG, recuerdan que tanto Santoro como Ocaña habían denunciado en agosto de este año a De los Heros, director de la ANSeS, por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En el escrito judicial solicitaron que ambos reclamos se unifiquen en un sólo expediente, para facilitar su seguimiento administrativo.