La
iniciativa fue aprobada por 40 votos a favor y 26 en contra tras casi cuatro
horas de debate en la misma sesión en la que se dio luz verde al juez federal
Claudio Bonadio para allanar los domicilios particulares de Cristina Kirchner.
«Si
hay algo que Cambiemos no está dispuesto a negociar es la agilización del
proceso y la retroactividad de la ley», dijo Pamela Verasay (UCR-Mendoza),
quien lamentó la falta de acuerdo entre las principales bancadas. «La
sociedad está reclamando decencia», se quejó la senadora.
Ahora,
el proyecto volverá a la Cámara baja, en donde el oficialismo promete insistir
con la versión aprobada hace más de dos años, la cual fue duramente criticada
por juristas y magistrados durante las exposiciones ante las comisiones del
Senado.
El
texto aprobado esta madrugada establece que la acción de extinción de dominio
recién podrá iniciarse una vez que el juez decida la elevación a juicio oral de
la causa penal. Es un cambio radical en relación a la versión aprobada por
Diputados, que habilitaba el proceso con la simple imputación ante la Justicia.
Ante
las críticas del oficialismo, el peronismo incluyó mecanismos destinados a
agilizar el instituto del decomiso y estableció un sistema de «extinción
de dominio anticipado» para los casos de flagrancia en el delito.
El
oficialismo contrapuso un proyecto propio más en sintonía con lo que votó
Diputados. La iniciativa, que salió de las comisiones como el segundo de tres
dictámenes y que no llegó a votarse hoy, establecía la extinción de dominio
como un proceso civil que se desarrollará en paralelo, y que incluso podría
tener sentencia antes, a la causa en el fuero penal.
Además,
contemplaba su aplicación con retroactividad, ya que permitía el inicio de la
acción para extinguir la propiedad de los bienes obtenidos de manera ilícita en
las causas penales que se encuentren en proceso o cuyas sentencias
condenatorias no tengan más de cinco años de antigüedad.
El
salteño Rodolfo Urtubey (PJ) defendió el proyecto de su bancada argumentando
que respeta las garantías constitucionales al mantener la extinción de dominio
dentro del fuero penal y esperar, al menos, una condena en primera instancia
antes de avanzar con la acción que permita modificar, en favor del Estado, la
propiedad de los bienes. «No es un capricho que hayamos establecido el
fuero penal, porque jueces y fiscales ya tienen el entrenamiento y la práctica
en casos de delitos complejos y organizados», afirmó.
«Las
retroactividades no se consagran ni por decreto ni por ley, no sería muy
prolijo que de este Senado saliera una norma de esa naturaleza», agregó
Urtubey en directa crítica al proyecto que impulsaba el oficialismo.
«Cuando
hay juicio oral ya hay semiplena prueba, hay un tribunal constituido que podrá
evaluar la responsabilidad penal y resolver si hay bienes comprometidos con el
delito cuya propiedad debe extinguirse y pasar a manos del Estado», agregó
el jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), en el cierre del
debate.