La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada “ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger y respaldada por el gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 138 votos afirmativos y propone eliminar una serie de regulaciones que el oficialismo considera obsoletas, aunque desde la oposición advirtieron que pone en riesgo sectores estratégicos del país.
La iniciativa recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, parte de la UCR y distintos bloques provinciales aliados. También acompañaron legisladores vinculados a gobernadores como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua. En tanto, varios diputados optaron por la abstención y el peronismo, junto a la izquierda y otros espacios opositores, reunió 96 votos en contra.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es la derogación de la ley de Bienes Culturales, una norma sancionada en 2003 durante el gobierno de Eduardo Duhalde e impulsada en el Senado por Miguel Ángel Pichetto. Según la oposición, esa legislación protegía empresas nacionales estratégicas frente a posibles adquisiciones extranjeras en contextos de crisis económica.
Durante el debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que la eliminación de esa ley podría facilitar la venta de empresas como Arsat, además de otras vinculadas a la ciencia, la tecnología y la defensa, entre ellas Nucleoeléctrica Argentina, Fabricaciones Militares y Tandanor. “El plan libertario es liquidar empresas estratégicas”, sostuvo.
También hubo cuestionamientos por la derogación de normas vinculadas a la producción pública de medicamentos y a empresas estatales del área energética y minera. Diputados opositores alertaron que el proyecto excede ampliamente la eliminación de leyes en desuso y avanza sobre herramientas de protección industrial y tecnológica construidas durante las últimas décadas.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa asegurando que busca simplificar el sistema normativo argentino. El diputado fueguino Santiago Pauli afirmó que el gobierno pretende “terminar con la inflación legislativa”, mientras que sectores críticos sostienen que detrás de la desregulación existe una estrategia de privatización y apertura de áreas consideradas sensibles para la soberanía nacional.