El Ministerio de Ecología dejó sin efecto el RePIA apenas horas después del rechazo unánime de cámaras empresarias, forestales y rurales, que habían advertido sobre su presunta inconstitucionalidad e incluso analizaban acudir a la Corte Suprema.
El Ministerio de Ecología de Misiones retrocedió este viernes con una de las medidas más cuestionadas de los últimos meses. Mediante la Resolución Nº 248/26, el ministro Martín Recamán derogó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), creado apenas días atrás a través de la Resolución 182/26 y que había provocado una inmediata reacción de los principales sectores productivos de la provincia.
La decisión representa un fuerte giro político del Gobierno provincial, ya que el registro fue eliminado luego de que prácticamente todo el arco empresario, forestal y agropecuario rechazara públicamente la iniciativa y advirtiera que vulneraba garantías constitucionales. Incluso, algunas entidades habían anticipado que estaban dispuestas a llevar el conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la nueva resolución, Ecología argumenta que, tras una reevaluación por «razones de oportunidad, mérito y conveniencia», decidió dejar sin efecto la medida. Sin embargo, el texto evita mencionar las impugnaciones presentadas por las entidades privadas o responder a los cuestionamientos jurídicos que precipitaron la marcha atrás.
El frente empresario logró frenar la medida
La ofensiva contra el RePIA fue encabezada por la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), que presentó una impugnación administrativa y calificó al registro como inconstitucional.
Entre los principales cuestionamientos, la entidad advirtió que la norma permitía incluir personas o empresas únicamente por tener un expediente administrativo abierto, sin una sanción firme, lo que —según sostuvo— vulneraba el principio de inocencia y el debido proceso.
También objetó que la resolución habilitara la incorporación al registro por incumplimientos de «normas complementarias», una expresión considerada excesivamente amplia y generadora de inseguridad jurídica.
El planteo más fuerte apuntó directamente contra la competencia del ministro Martín Recamán. Según AMAYADAP, la Constitución de Misiones no autoriza a un ministro a crear mediante una resolución administrativa un registro con efectos jurídicos sobre particulares y empresas.
Ese reclamo fue respaldado por la Confederación Económica de Misiones (CEM), APICOFOM, la Sociedad Rural de Misiones, la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM) y los Industriales Madereros Nativos Autoconvocados, que coincidieron en señalar que la medida profundizaba la incertidumbre para la producción y afectaba la competitividad del sector.
El conflicto excedía al registro
El rechazo al RePIA terminó exponiendo un malestar más amplio de los sectores productivos con distintas políticas impulsadas por el Ministerio de Ecología.
Entre los reclamos aparecieron las demoras para obtener permisos de uso del suelo, las restricciones a las quemas, la prohibición del glifosato, la implementación del programa REDD+ y la falta de participación de las entidades en la elaboración de normas que impactan sobre la actividad forestal y agropecuaria.
Con la derogación del registro, el Gobierno logró desactivar el conflicto puntual antes de que escalara al plano judicial. Sin embargo, la marcha atrás también dejó en evidencia el peso político que alcanzó la reacción conjunta del sector empresario, que consiguió que una resolución oficial fuera retirada pocos días después de su entrada en vigencia.
Ahora, la incógnita pasa por saber si la decisión abrirá una instancia de diálogo entre Ecología y las entidades productivas o si las diferencias de fondo volverán a expresarse en futuros conflictos vinculados a la política ambiental de la provincia.