A simple vista, esta noticia podría parecer un gesto loable en medio de una crisis económica. Sin embargo, una mirada más crítica revela que este aparente esfuerzo del gobierno provincial podría ser un simple maquillaje para ocultar fallas profundas en su gestión.
El ministro Pérez destaca que los aumentos salariales «duplican e incluso triplican la tasa de inflación». Pero, ¿a qué costo? La suspensión de obras públicas es la respuesta. Esas mismas obras que son vitales para el desarrollo de la provincia, para la creación de empleo y para mejorar la infraestructura que tanto necesita Misiones.
El gobierno prefiere sacrificar el futuro a largo plazo por un alivio inmediato que puede resultar efímero. La pregunta es si es necesario parar obras, y indagar si la provincia no tiene otros recursos para dar aumentos.
Además, Pérez asegura que los salarios «superan la canasta básica per cápita establecida por el Indec». Sin embargo, en un contexto donde la inflación sigue su curso ascendente, ¿por cuánto tiempo estos aumentos mantendrán su valor real? La historia reciente muestra que estos incrementos se evaporan rápidamente bajo el peso de una economía inflacionaria descontrolada.
La protesta policial en la avenida Uruguay de Posadas es otro tema que el ministro trata de minimizar. Pérez califica la protesta como «incorrecta» y «apoderándose de bienes de todos los misioneros». Sin embargo, no se detiene a considerar las razones de fondo que llevan a los policías a manifestarse.
Estos servidores públicos, que arriesgan su vida diariamente, están exigiendo condiciones laborales dignas y salarios justos. Su protesta no debería ser desestimada ni criminalizada, sino atendida con la seriedad que merece.
El gobierno provincial se jacta de un «equilibrio fiscal sólido» y de no recurrir a préstamos para gastos corrientes. No obstante, esta afirmación suena hueca cuando se observa el sacrificio en infraestructura y desarrollo. Un equilibrio fiscal logrado a base de recortes en áreas esenciales no es más que una ilusión.
Finalmente, el diálogo con el gobierno nacional y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, parece ser más una formalidad que una búsqueda genuina de soluciones. Las expresiones de rechazo a las protestas y la promesa de mantener el orden público suenan a excusas para reprimir cualquier disidencia.
En resumen, los anuncios del Ministro Pérez pueden parecer un logro en el papel, pero en la práctica, están lejos de ser una solución real y sostenible para los problemas de los trabajadores estatales y los policías de Misiones. Es fundamental que la sociedad mantenga una mirada crítica y exija al gobierno soluciones que no sacrifiquen el futuro de la provincia en pos de un beneficio temporal y superficial.