El Gobierno volvió a la carga y dio nuevos pasos para avanzar en su plan para que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. Fue el último viernes, a través de la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar destrabar la reforma a la ley aprobada por el Congreso en 2016 y cuyo impacto la Justicia limitó a los magistrados, funcionarios y empleados que ingresaron a carrera desde el 1 de enero de 2017, dejando fuera de su alcance a la gran mayoría de los 20.300 integrantes del personal judicial.
La queja del Ministerio de Justicia fue girada a la Corte luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el lunes de la semana pasada un recurso extraordinario presentado por las autoridades, según el expediente de la causa al que accedió iProfesional.
Con este revés, el máximo Tribunal sería la última carta del titular de la cartera judicial, Germán Garavano, para frenar el conflicto abierto en noviembre del año pasado, cuando un fallo de primera instancia interpretó que solo los nuevos funcionarios designados en sus cargos desde 2017 deben pagar Ganancias, “excepto que hubieran ingresado a ellos con anterioridad”.
El juez en lo Contencioso Esteban Furnari le dio la razón así a la Asociación de Magistrados, Funcionarios y Jueces (AMJFN), que resiste la aplicación de la ley.
La reforma del gravamen impulsada por el oficialismo incorporó a la cuarta categoría a los “nombramientos” a partir del año pasado de los agentes del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de la Nación, de las provincias y la Ciudad. Pero en marzo pasado, la Cámara ratificó el criterio sostenido por Furnari a favor del gremio de jueces encabezado por María Gómez Alonso de Díaz de Cordero.
Esto significa que un secretario con antecedentes en la función pública que ahora fuera nombrado juez no debe pagar el tributo, pero sí un abogado proveniente del sector privado que accede a ese cargo, por carecer de carrera pública.
En la primera situación se encuentra más de un 70% de las personas que integran listas y ternas para ser jueces y que actualmente son secretarios del Poder Judicial. Para Furnari, de aceptarse la interpretación oficial, ocurriría el contrasentido de que el acceso a un cargo superior por parte de un funcionario judicial supondría una merma en la remuneración, atentando contra la carrera judicial.
Por la discusión sobre el gravamen, la titular de la AMFJN se cruzó con Garavano en la cena de fin de año en diciembre pasado celebrada por la entidad en Puerto Madero. Frente al ministro de Justicia, la jueza de la Cámara Comercial, Gómez Alonso de Díaz Cordero defendió la acción legal iniciada para que “no se afectaran los derechos de quienes transitaban la carrera judicial cuando se concretaron los primeros descuentos sin que la ley hubiera sido reglamentada”. Pero el funcionario ratificó su postura sobre la ley.
En la cartera de Garavano sostienen que todos los jueces deberían pagar el tributo, sin importar si forman parte o no de la administración judicial. Y que no deberían tener un régimen diferenciado del de sus pares del Poder Ejecutivo y Legislativo, que son alcanzados por el tributo.
La batalla tiene lugar en medio de las medidas del Gobierno para aumentar la recaudación de Ganancias sobre la cuarta categoría, mediante la reducción de las deducciones, y disminuir las asignaciones familiares.
Ahora, la Corte podría tardar meses y hasta un año en tratar el expediente, que mantiene congelada la reglamentación de la reforma a la ley desde mayo del año pasado. Por el conflicto, Macri se abstuvo de publicar el decreto.
El órgano supremo, sin embargo, ya se pronunció a favor de los jueces al señalar en un informe publicado por el Centro de Información Judicial que “queda claro que todos los empleados, funcionarios, fiscales, defensores y magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto”, y que, en cambio, “quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”.
IP.
