La medida responde a la falta de aprobación de una ley presupuestaria en el Congreso e introduce reasignaciones de partidas en salud, seguridad y educación, además de una reducción en subsidios energéticos y nuevos mecanismos de financiamiento para provincias y el sector eléctrico.
El decreto también establece un régimen especial para la regularización de deudas de distribuidoras eléctricas, un esquema de financiamiento para obras energéticas y la posibilidad de que las provincias salden compromisos con bienes estatales.
Cabe destacar que la partida extraordinaria de $200 mil millones para asistir a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca y General Cerri no está incluida en esta normativa.
Principales medidas del decreto
-Deuda de distribuidoras eléctricas: Se habilita un régimen especial de regularización de pagos con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), permitiendo financiamiento en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para las distribuidoras que se encuentran al día con sus obligaciones.
-Inversión energética: Se refuerzan los fondos para Energía Argentina S.A. (Enaersa), destinados a la continuidad de las obras hidroeléctricas Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz.
-Financiamiento para provincias: Se autoriza al Gobierno a otorgar avales que faciliten el acceso al crédito externo por parte de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se habilita la posibilidad de cancelar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
Reasignación de fondos:
-Aumento de partidas para el Ministerio de Seguridad, destinadas a mejorar el monitoreo de personas procesadas o condenadas.
-Incremento en el presupuesto del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad, con un foco en la auditoría de pensiones por invalidez.
-Reducción de transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
-En el área de educación, se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075, garantizando la distribución automática de fondos a provincias y municipios.
Aportes internacionales:
-Autorización de pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales.
-Pago de USD 436,9 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en siete cuotas.
Además, el decreto ratifica la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, con la continuidad del esquema de reducción gradual de subsidios. También establece un cupo fiscal de $195.000 millones para el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.